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Violencia política: cuando el control legítimo se convierte en agresión contra las mujeres
El reciente enfrentamiento entre la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el representante a la Cámara Duvalier Sánchez ha reavivado un debate clave en Colombia: ¿cuándo el control político legítimo se convierte en violencia política de género?
La discusión se da en medio de un contexto en el que las mujeres en cargos públicos continúan enfrentando agresiones, descalificaciones y ataques personales, especialmente en redes sociales, donde la crítica política muchas veces se transforma en hostigamiento digital.
Un caso que abre debate: Toro vs. Sánchez
La gobernadora del Valle anunció acciones legales contra el congresista Duvalier Sánchez, argumentando que las publicaciones y mensajes dirigidos hacia ella constituyen violencia política de género, en el marco de la Ley 2453 de 2025, la primera norma en Colombia que protege a las mujeres en el ejercicio de la vida pública.
De acuerdo con el equipo jurídico de la mandataria, los ataques en redes incluyen imágenes manipuladas con inteligencia artificial y mensajes que buscan ridiculizarla, lo que podría configurar violencia simbólica y digital.
Por su parte, el representante Sánchez sostiene que se ha limitado a ejercer control político sobre la gestión departamental, sin vulnerar los derechos de la gobernadora ni emitir comentarios discriminatorios.
La violencia política contra las mujeres: una realidad en aumento
Según expertas en participación política, este tipo de violencia no se trata solo de agresiones físicas, sino también de conductas que buscan desacreditar, intimidar o silenciar a las mujeres que ocupan cargos de poder.
“Cuando la crítica se centra en su aspecto, su vida privada o usa lenguaje degradante, deja de ser control político y se convierte en violencia política de género”, explica Natalia Escobar, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.
El fenómeno ha crecido con el auge de las redes sociales, donde las líderes políticas son blanco frecuente de burlas, fotomontajes y desinformación. Casos como los de la vicepresidenta Francia Márquez, la exalcaldesa Claudia López o la senadora María Fernanda Carrascal evidencian cómo el discurso de odio digital tiene un componente de género que no afecta de la misma manera a los hombres en política.
Un desafío para la democracia
La Ley 2453 de 2025 define la violencia política de género como cualquier acción, omisión o expresión que, basada en el género, limite o anule los derechos políticos de las mujeres. Incluye desde el acoso y la difamación hasta la manipulación digital o la exclusión de espacios de decisión.
El caso entre Toro y Sánchez podría ser una de las primeras pruebas legales de este nuevo marco normativo, que busca equilibrar el derecho a la crítica con la protección contra la discriminación y el abuso.
Más allá de los tribunales, el debate plantea una pregunta de fondo:
¿Está la sociedad colombiana preparada para hacer control político con respeto y equidad de género?
