La justicia colombiana se enfrenta hoy a un nuevo desafío que va más allá de los tribunales: cómo limitar el uso pervertido del derecho a la libertad de expresión por parte de feminicidas condenados. Los recientes videos publicados por Andrés Gustavo Ricci y Brayan Campo desde prisión no son gestos de arrepentimiento ni llamados a la reflexión. Son piezas frías y calculadas de una estrategia legal y mediática para reducir sus penas, apelando al sentimentalismo y a la distorsión de los hechos probados en juicio.

Lo preocupante no es solo que estos criminales tengan acceso a canales de difusión como YouTube o medios digitales desde centros penitenciarios, sino que se les permita hablar públicamente sin filtros, sin control, sin consecuencias. Bajo la excusa de tener derechos —que, aunque limitados, siguen existiendo incluso en prisión— Ricci y Campo los han utilizado para sembrar dudas sobre los procesos judiciales, atacar a las víctimas y a sus familias, y reescribir sus crímenes con discursos manipuladores.

¿Dónde queda el derecho de las familias a no ser revictimizadas? ¿Dónde está el Estado cuando estos delincuentes vuelven a aparecer en la vida pública con relatos donde no hay dolor, ni culpa, ni propósito de enmienda?

En el caso de Ricci, condenado por asesinar a la campeona mundial Luz Mery Tristán, resulta particularmente ofensiva la manera en que convierte su canal de YouTube en una tribuna para cuestionar a los jueces, tachar de falsas a las pruebas en su contra, y atacar a los hijos y familiares de la víctima. Cada palabra suya no es solo una negación de la justicia, sino una afrenta directa a quienes aún lloran la pérdida de una mujer brillante y valiente.

Por su parte, Brayan Campo, condenado por la muerte de la niña Sara Sofía Delgado, ofrece desde la cárcel un relato frío y calculado de su crimen. Con un tono pasivo y distante, intenta justificar su actuar alegando traumas personales y voces internas. Pretende así generar compasión en la opinión pública, como si su historia de vida —dolorosa o no— pudiera justificar un acto tan atroz como asesinar a una niña.

Los expertos son claros: lo que hay detrás es narcisismo, manipulación y una preocupante falta de empatía. No se trata de seres arrepentidos, sino de individuos que continúan instrumentalizando a sus víctimas incluso después de haberles quitado la vida. Y eso, más que indignante, debería ser motivo de intervención institucional inmediata.

La ministra de Justicia ha ordenado una investigación, lo cual es un buen paso. Pero esto no puede quedarse en una sanción administrativa o en la eliminación de un canal de YouTube. Se necesita un debate legislativo urgente sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto carcelario. Porque el derecho a opinar no puede estar por encima del derecho a la dignidad, a la memoria y al silencio que muchas familias necesitan para sanar.

Hoy, más que nunca, la justicia no solo debe castigar, sino también proteger. Y eso implica impedir que quienes ya causaron un daño irreparable lo repitan, esta vez desde una pantalla.