La violencia sexual en las FARC y la controversia con Sandra Ramírez: Verdad, estigmatización y el factor electoral

La reciente controversia en torno a la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de la guerrilla de las FARC y actual congresista del Partido Comunes, ha reavivado un debate fundamental en Colombia: el esclarecimiento de la violencia sexual en el conflicto armado y el riesgo de politización del tema en un país profundamente polarizado.

El señalamiento contra Ramírez surgió tras una entrevista en la que una mujer, víctima de reclutamiento forzado a los 11 años, aseguró que la senadora participó en la selección de mujeres para ser víctimas de violencia sexual dentro de las filas de la guerrilla. La congresista negó categóricamente las acusaciones y acusó a los medios de comunicación de instrumentalizar a las víctimas para estigmatizar a los firmantes del Acuerdo de Paz.

La necesidad del esclarecimiento en la JEP

Es innegable que la violencia sexual fue una práctica sistemática dentro de diversos actores del conflicto armado colombiano. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estima que al menos 35.178 personas sufrieron estos crímenes, y aunque a las FARC se les atribuye el 5,82% de los casos (aproximadamente 1.758 víctimas), el reconocimiento y la verdad sobre estos hechos siguen siendo escasos.

El tribunal transicional enfrenta un desafío histórico: lograr que los responsables admitan estos crímenes, establezcan patrones de violencia y permitan el acceso a la verdad de las víctimas. Sin embargo, hasta el momento, la negación ha sido una constante en las declaraciones de excombatientes, lo que dificulta la construcción de una memoria histórica basada en la justicia y el reconocimiento de los hechos.

De la búsqueda de justicia a la instrumentalización política

El caso de Sandra Ramírez también evidencia los riesgos de que la lucha por la verdad sea utilizada como herramienta política en un contexto electoral altamente polarizado. La senadora es una de las figuras más visibles del Partido Comunes y su imagen ha sido objeto de ataques constantes, especialmente en el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Según expertos, la polarización en torno a los excombatientes y su participación en la política se profundizará en los próximos años. Los sectores críticos del proceso de paz han utilizado la falta de condenas firmes en casos de violencia sexual como un argumento para deslegitimar el acuerdo y cuestionar la participación de los exguerrilleros en el Congreso.

Mientras tanto, para los exmiembros de las FARC, la estigmatización política representa un riesgo tangible, pues desde la firma del acuerdo han sido asesinados 458 firmantes de paz, un hecho que el Partido Comunes atribuye en parte a discursos de odio y señalamientos que refuerzan la percepción de que siguen siendo una amenaza para la sociedad.

Un equilibrio necesario: justicia sin politización

Es imperativo que la JEP acelere las investigaciones sobre violencia sexual para evitar que estas discusiones sean instrumentalizadas en el debate público y electoral. El esclarecimiento debe centrarse en las víctimas y garantizar que se haga justicia sin convertir el proceso en una herramienta de polarización política.

El camino hacia la paz y la reconciliación en Colombia no será posible sin el reconocimiento de la verdad. Sin embargo, esa verdad también debe ser manejada con responsabilidad para evitar que se convierta en un arma en medio de la batalla política. El reto radica en encontrar un punto de equilibrio entre justicia y reconciliación, sin caer en discursos que perpetúen la fragmentación social.