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La reciente Cumbre de Seguridad del Pacífico, celebrada en Buga, no solo puso de manifiesto la creciente crisis de orden público en el suroccidente del país, sino que también reveló la encrucijada en la que se encuentran las autoridades nacionales y regionales para combatir el narcotráfico, la minería ilegal y las rentas criminales. La declaración del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre la aplicación de “toda la fuerza legítima del Estado” en respuesta a los atentados en el Cauca, deja entrever una estrategia de choque que, aunque necesaria, debe ir acompañada de un enfoque integral y social.
El terrorismo y la violencia en el Cauca han escalado a niveles alarmantes. La reciente ola de ataques, que dejó más de 80 heridos en Piendamó, expone cómo los grupos armados ilegales han consolidado su dominio sobre corredores estratégicos del narcotráfico. Frente a esto, el Gobierno anuncia recompensas de hasta $3.000 millones por cabecillas criminales, mientras la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pide el cierre de estaciones de gasolina ilegales que proveen insumos clave para la producción de cocaína.
Sin embargo, la historia reciente ha demostrado que la mano dura por sí sola no es suficiente. La militarización de los territorios afectados no puede ser la única solución; debe existir una política complementaria de desarrollo rural, con acceso a bienes y servicios estatales, para evitar que la población civil quede atrapada entre los actores armados. Es lo que la gobernadora Toro llama “una acción integral”, que incluya erradicación, sustitución de cultivos y reforestación, así como la presencia militar en la cuenca media y baja del río San Juan.
El Pacífico colombiano no necesita solo de batallones y planes de seguridad. Requiere también un modelo de desarrollo económico sostenible que le arrebate a los grupos armados ilegales su principal base de reclutamiento: la población empobrecida y sin oportunidades. La transición a economías lícitas debe ser viable, realista y sostenible en el tiempo.
La clave para derrotar a las organizaciones criminales no está solo en su aniquilación física, sino en la construcción de un Estado presente y efectivo. Sin eso, la historia seguirá repitiéndose: nombres nuevos para los mismos viejos problemas.





