La Unidad de Regulación Financiera (URF), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, atraviesa una reconfiguración interna en medio de la polémica por el plan del Gobierno nacional para repatriar recursos de los fondos de pensiones privados invertidos en el exterior. Al menos seis funcionarios han presentado su renuncia en las últimas semanas, en un contexto marcado por tensiones técnicas e institucionales alrededor del futuro del ahorro pensional en Colombia.

Las salidas se producen poco después de la renuncia de Mónica Higuera, quien se desempeñaba como directora de la URF. Su retiro coincidió con la expedición de una directriz del Ministerio de Hacienda que impulsa una estrategia para traer al país cerca de $125 billones que actualmente los fondos privados mantienen invertidos en mercados internacionales. La iniciativa plantea que dichos recursos sean redirigidos hacia inversiones dentro del territorio nacional, con un plazo estimado de seis meses para su implementación.

El plan ha generado fuertes reparos desde distintos sectores del sistema pensional. Asofondos, el gremio que agrupa a los fondos privados, ha advertido que una repatriación acelerada de estos capitales podría aumentar los riesgos financieros y afectar los rendimientos de los ahorros de millones de afiliados. Según el gremio, la diversificación internacional ha sido clave para garantizar estabilidad y retornos competitivos en el largo plazo.

En medio de este escenario, ya se conocieron los nombres de quienes reemplazarán a los funcionarios salientes en la URF. Entre los nuevos integrantes del equipo técnico figuran los economistas Juan Oswaldo Manrique, Andrea Paola Santanilla, Lucas Rodríguez y Carlos Sandoval, así como las abogadas Lina Rodríguez y Violeta Aguilar. Estos nombramientos han despertado inquietudes en círculos técnicos y económicos, donde se cuestiona si algunos de los nuevos funcionarios cuentan con la experiencia suficiente en regulación financiera, análisis macroeconómico y evaluación de riesgos.

La URF cumple un rol clave en el diseño y estructuración de normas técnicas para los sectores financiero, asegurador y pensional, por lo que la solidez técnica de su equipo resulta determinante para la estabilidad del sistema. Las dudas sobre la idoneidad de los nuevos nombramientos se suman a la preocupación por el impacto que las renuncias puedan tener en el cronograma regulatorio previsto para 2026.

El Ministerio de Hacienda ha anunciado que el decreto que formalizaría la repatriación de los recursos pensionales sería expedido en el primer trimestre de 2026. La medida hace parte de una estrategia más amplia orientada a dinamizar el mercado de capitales local, ampliar el acceso al crédito y fortalecer la inversión pública y privada en sectores considerados estratégicos.

Mientras tanto, el debate continúa escalando en escenarios técnicos, gremiales y políticos. Los críticos insisten en que una modificación abrupta del esquema de inversión de los fondos podría afectar la estabilidad financiera de largo plazo y la capacidad de los fondos para cumplir con sus obligaciones futuras. El Gobierno, por su parte, sostiene que la iniciativa busca responder a necesidades fiscales y de inversión interna en un contexto de desaceleración económica.

Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda no se ha pronunciado sobre las críticas relacionadas con la experiencia técnica de los nuevos funcionarios ni sobre el impacto concreto de las renuncias en la implementación de la agenda regulatoria. La atención ahora se centra en cómo avanzará el proceso y qué efectos tendrá sobre el sistema pensional y la confianza de los afiliados.