A menos de siete meses de que finalice el Gobierno del presidente Gustavo Petro, se multiplican las denuncias por un crecimiento acelerado de la contratación estatal en varias entidades clave, en un contexto marcado por el inicio del calendario electoral y la cercanía de la Ley de Garantías.

Congresistas de oposición y fuentes internas han advertido sobre lo que califican como una estrategia para “raspar la olla” antes de que se restrinjan los nombramientos y contrataciones, con incrementos significativos en nóminas, creación masiva de cargos y uso de figuras contractuales cuestionadas.

ADRES: la nómina se triplicaría

Una de las alertas más fuertes recae sobre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Según denunció el representante Andrés Forero, la entidad busca pasar de 233 a 930 cargos, lo que implicaría triplicar su planta de personal.

El costo anual de la nómina pasaría de $48.017 millones a $99.069 millones, es decir, un incremento superior a $51.000 millones. Aunque la Adres asegura que el rediseño responde a un estudio técnico de la Universidad Nacional y a la formalización de contratistas, críticos advierten un riesgo de politización en medio de la crisis del sistema de salud.

Ministerio de Salud: 442 nuevos cargos

Las denuncias también alcanzan al Ministerio de Salud, que proyecta la creación de 442 nuevos cargos para 2026, con un costo estimado de $59.403 millones anuales. Para los críticos, resulta contradictorio ampliar la burocracia en un escenario de emergencia económica y dificultades en la atención a pacientes.

Famisanar: más contratos, más costos

En la EPS intervenida Famisanar, Forero denunció que durante 2025 se vincularon 572 nuevos contratistas, lo que elevó los costos de nómina en $2.700 millones mensuales. Solo en el último mes y medio, el nuevo interventor habría firmado 75 contratos adicionales por $700 millones al mes.

Estas decisiones se producen mientras persisten quejas de usuarios por falta de medicamentos y deterioro en la prestación del servicio, lo que ha avivado las críticas sobre el manejo de los recursos de la salud.

Dapre y Fondo de Adaptación

Otra controversia involucra al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y al Fondo de Adaptación, que maneja un presupuesto cercano a $668.000 millones. Según información conocida, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, habría ordenado la salida de 15 funcionarios el 1 de enero, para dar paso al nombramiento de 30 nuevos antes de que entren en vigor las restricciones de la Ley de Garantías.

Fuentes internas advierten que estas decisiones estarían afectando la memoria técnica de la entidad y reforzando un uso político de una institución con funciones esencialmente técnicas.

MinIgualdad y contratos bajo la lupa

En el Ministerio de la Igualdad, la senadora Paloma Valencia denunció que el fondo adscrito FonIgualdad destinó $70.582 millones para contratar 3.304 personas entre 2025 y 2026, además de $68.949 millones en operadores logísticos.

Según la congresista, durante dos años el fondo no publicó contratos y, aunque recientemente aparecieron algunos en el SECOP, no se encuentran facturas ni informes de supervisión, lo que mantiene los cuestionamientos por falta de transparencia.

MinTIC acelera procesos contractuales

En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se expidió la Resolución 05877 de 2025, mediante la cual se declararon varios sábados como días hábiles para acelerar la firma de contratos antes del 31 de enero de 2026, fecha límite para este tipo de procesos sin convocatoria pública directa.

La medida, adoptada en pleno calendario electoral, ha generado suspicacias sobre el afán por cerrar contrataciones antes de las restricciones legales.

Alertas en año electoral

Las denuncias coinciden con advertencias de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre riesgos en la financiación de campañas y la transparencia institucional. Para los críticos, el aumento de la contratación en entidades estratégicas podría abrir la puerta al uso político del Estado en vísperas de elecciones legislativas.

Desde el Gobierno, varias entidades han defendido sus decisiones señalando estudios técnicos y necesidades administrativas. No obstante, el volumen de recursos comprometidos y la simultaneidad de los movimientos mantienen encendidas las alarmas sobre el manejo del gasto público en la recta final del mandato presidencial.