La escena del crimen parecía resuelta en minutos: un adolescente de 14 años fue capturado con el arma aún caliente tras disparar contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en pleno acto de campaña en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. Pero a medida que se destapan las capas del atentado, queda en evidencia que aún falta una pieza crucial: el celular del atacante.

Cuando el menor fue reducido por las autoridades, dijo algo que encendió todas las alertas: “Voy a dar los nombres, déjeme darle los números”. La frase, espontánea y contundente, sugirió una posible cadena de mando, una autoría intelectual detrás del acto. Sin embargo, no tenía teléfono en su poder. Y ese detalle se ha convertido en el mayor enigma de la investigación.

A pesar de haber sido capturado casi de inmediato, tras recibir un disparo en la pierna durante su huida, el celular nunca apareció en la escena. Tampoco en los allanamientos posteriores a casas de familiares —ni en la vivienda de su abuela ni en la de su tía. ¿Desapareció por accidente o fue removido a propósito?

El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, fue claro: “En el lugar de los hechos no había ningún celular”. Lo que parecía un simple detalle técnico hoy tiene el potencial de resolver —o estancar— la verdad detrás del ataque que mantiene al político entre la vida y la muerte.

Las autoridades creen que el celular podría contener mensajes, llamadas, incluso rutas de desplazamiento, útiles para trazar la línea del tiempo antes y después del atentado. Por eso, además del análisis de cámaras y testimonios en Modelia, hay 188 uniformados desplegados —entre Dijín, CTI e inteligencia militar— buscando ese dispositivo perdido.

Mientras tanto, algunos avances se logran por otras vías. Hay pantallazos en cadena de custodia con supuestas conversaciones del menor, que podrían contener pistas importantes. Pero sin el celular, todo carece de contexto.

El país observa con indignación y expectativa. No solo por el atentado mismo, sino por lo que representa: una fractura alarmante en el proceso democrático. Por eso, desde el contralor general hasta el registrador nacional, pasando por la Procuraduría y la Defensoría, se han pronunciado exigiendo una investigación completa y rápida.

Este no es solo un atentado contra un precandidato. Es un ataque a la estabilidad de un proceso electoral que apenas empieza. Y mientras el país ora por la salud de Miguel Uribe Turbay, la Policía busca entre calles, pistas digitales y archivos una prueba silenciosa, rectangular, de vidrio negro: un celular que podría hablar más que cualquier testigo.