Colombia cerró 2025 con niveles de violencia que no se veían desde hace varios años. El recrudecimiento del conflicto armado estuvo marcado por enfrentamientos entre grupos criminales que hoy cuentan con mayor poder militar y un control territorial clave para economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Aunque sectores críticos responsabilizan al presidente Gustavo Petro y a su política de “Paz Total”, expertos advierten que el fenómeno tiene raíces más profundas y se remonta a casi una década atrás, tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc en 2016. Este antecedente resulta clave para entender el complejo escenario de seguridad que enfrenta el país a las puertas de las elecciones presidenciales de mayo de 2026.

Un inicio de año marcado por la violencia

El 2025 arrancó con una de las confrontaciones más graves de los últimos años, tras la ruptura de un pacto de no agresión entre el ELN y el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una disidencia surgida del antiguo Estado Mayor Central de las Farc.

En la región del Catatumbo, en Norte de Santander, más de 64.700 personas fueron desplazadas, cerca de 12.900 permanecieron confinadas y al menos 117 murieron entre enero y abril, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Esta zona es estratégica por su alta concentración de cultivos de coca y su ubicación en la frontera con Venezuela, país que se ha convertido en refugio de grupos armados colombianos.

Pero Catatumbo no fue el único foco de violencia. Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca, Meta, Putumayo y Guaviare también registraron enfrentamientos por el control de corredores clave para economías criminales.

Grupos armados más fuertes y fragmentados

Analistas coinciden en que los grupos armados han dejado de buscar el poder político nacional y ahora concentran sus esfuerzos en el control territorial. Ese dominio les permite diversificar ingresos no solo del narcotráfico, sino también de la minería ilegal, la extorsión, el contrabando, el secuestro y el tráfico de migrantes.

Según un informe de las Fuerzas Militares, entre diciembre de 2024 y julio de 2025 el número de combatientes creció un 15 %. Este fortalecimiento coincidió con la expansión territorial sostenida de estas estructuras desde al menos 2018.

La política de “Paz Total”, que promovió ceses al fuego bilaterales y negociaciones paralelas con distintos grupos ilegales, facilitó en parte este fortalecimiento, aunque expertos subrayan que no es la única causa.

Tras la desmovilización de las AUC en 2006 y de las Farc en 2016, el mapa criminal se fragmentó. Surgieron disidencias y nuevas alianzas, con estructuras menos jerárquicas y mayor autonomía regional, lo que hace más complejo su control y negociación.

Menos respaldo de Estados Unidos

El panorama se agravó a finales de 2025 con el deterioro de la relación entre Colombia y Estados Unidos. En octubre, la administración de Donald Trump incluyó al presidente Petro y a miembros de su círculo cercano en una lista de sanciones del Departamento del Tesoro, además de anunciar recortes a la ayuda al país. Un mes antes, Washington había descertificado parcialmente a Colombia en su lucha antidrogas.

Estas decisiones ponen en riesgo la capacidad del Estado para enfrentar a organizaciones criminales cada vez más robustas, en un contexto en el que Estados Unidos ha sido el principal aliado en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico durante décadas.

Elecciones de 2026 bajo presión criminal

Con las elecciones presidenciales previstas para mayo de 2026, las alertas están encendidas. En noviembre de 2025, alias Iván Mordisco, máximo comandante del EMC, anunció que su grupo recurriría a la violencia política para defender sus intereses.

Ocho departamentos han sido identificados como de alto riesgo de violencia electoral, entre ellos Norte de Santander, Arauca, Chocó, Cauca y Nariño. La influencia de los grupos armados en estos territorios amenaza la participación política libre y segura.

El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en 2025, durante un acto de campaña, confirmó los temores. Las autoridades investigan una posible responsabilidad de la Segunda Marquetalia.

En este contexto, las elecciones de 2026 no solo definirán al próximo presidente, sino también el futuro de la política de “Paz Total” y el rumbo de la estrategia antidrogas del país, en medio de una violencia que sigue marcando la agenda nacional.