La política colombiana tiene una memoria corta, pero las cifras son tercas. El actual Gobierno llegó con la bandera de la transparencia y la promesa de erradicar el «nepotismo» y el «clientelismo» de las castas tradicionales. Sin embargo, la reciente radiografía de la contratación pública revela que, para algunos, el «cambio» ha significado simplemente un cambio de apellidos en la nómina oficial. El caso de Antonio Sanguino, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, es hoy el epicentro de este debate.

La danza de los mil millones

No estamos hablando de contratos menores o empleos de subsistencia. Según la investigación de El Tiempo, el rastro contractual de los hijos del ministro Sanguino desde que inició el gobierno de Gustavo Petro supera la astronómica cifra de $1.100 millones de pesos. Una suma que, en un país con brechas salariales tan profundas, resulta ofensiva para el ciudadano de a pie que busca una oportunidad en el servicio civil por mérito propio.

Antonio Sanguino González, hijo del alto funcionario, ha sido particularmente «afortunado» en el SECOP. Sus contratos se han distribuido en entidades estratégicas:

• Ministerio de la Igualdad: Un contrato por $104 millones.

• Agencia de Renovación del Territorio (ART): Donde ha sumado más de $300 millones.

• Unidad para las Víctimas: Con una vinculación que supera los $150 millones.

Por su parte, su hermana, Catalina Sanguino, no se queda atrás. Ha logrado posicionarse en sectores clave como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Ministerio de Educación, con contratos que, sumados, refuerzan la tesis de que el talento en la familia Sanguino parece ser un requisito indispensable para el funcionamiento del Estado actual.

¿Legalidad vs. Estética Política?

Desde el punto de vista jurídico, el ministro y sus defensores se escudan en que no existe una inhabilidad directa, ya que los hijos no contratan con la misma cartera que dirige su padre. Pero en el periodismo y en la ética pública, existe la «prueba de la estética».

¿Es presentable que un ministro de gabinete, que participa en el Consejo de Ministros y toma decisiones de alto nivel, tenga a su descendencia dispersa en múltiples ministerios y agencias descentralizadas cobrando sumas millonarias del erario? La respuesta, desde la ética política que el propio Sanguino defendió durante años como senador y concejal, debería ser un rotundo no.

El silencio del «Cambio»

Lo más inquietante no es solo la cifra, sino el silencio o la normalización de estas prácticas dentro de un proyecto político que juró ser diferente. Cuando se criticaba al gobierno anterior por casos similares, se hablaba de «mermelada» y «clanes familiares». Hoy, bajo la administración Petro, se intenta vender como «derecho al trabajo de profesionales idóneos».

El ministro Sanguino, un curtido estratega de la izquierda democrática, sabe que el poder se ejerce también con el ejemplo. Mientras el país observa cómo una sola familia acapara contratos que podrían beneficiar a decenas de jóvenes profesionales sin «pedigrí» político, la legitimidad del discurso oficial se erosiona.

La pregunta que queda en el aire es: ¿Cuántos colombianos con doctorados y maestrías están hoy desempleados mientras los hijos del poder aseguran su futuro en las planillas del Estado? El cambio, si no es ético, es simplemente un relevo de privilegios.