A pocas horas de que entre en vigencia el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, el debate dejó de ser técnico para convertirse en una señal de alarma institucional.

Lo que el Gobierno presentó como un paso hacia la soberanía —con la participación de la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal— hoy enfrenta dudas que no son menores: afectan la legalidad, la planeación y, sobre todo, la confianza en el proceso.

El primer problema es particularmente delicado. En la última semana, el contrato tuvo que ser modificado en dos ocasiones debido a que ninguna aseguradora privada quiso asumir el riesgo del convenio. El resultado es inquietante: el contrato no contaría con garantías de cumplimiento, un requisito básico en la contratación pública colombiana.

No es un detalle técnico. Es una señal de alerta.

Cuando un contrato de esta magnitud —clave para la identificación internacional de los ciudadanos— no logra respaldo del sector asegurador, la pregunta es inevitable: ¿qué riesgos se están intentando cubrir que nadie quiso asumir?

El segundo frente de preocupación está en el ámbito jurídico. La Procuraduría avanza en una demanda que busca frenar las transferencias de recursos hacia Portugal, que superarían los 1,3 billones de pesos. El argumento: una presunta deficiente estructuración económica del convenio.

Estamos, entonces, ante un escenario complejo: un contrato sin garantías claras y con cuestionamientos sobre su viabilidad financiera.

Sin embargo, el Gobierno ha logrado, por ahora, contener el avance judicial. Frenó la notificación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a Portugal, argumentando que este no tiene competencia para conocer el caso. Según el Ejecutivo, cualquier controversia debe resolverse mediante un tribunal de arbitramento internacional, tal como lo establece el contrato.

Además, sostiene que no se agotó el requisito de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, lo que debilitaría el proceso.

Pero más allá de la disputa jurídica, el problema de fondo persiste.

El país está a punto de implementar un nuevo modelo de pasaportes en medio de ajustes de última hora, vacíos contractuales y litigios en curso. No es el contexto ideal para un documento que sustenta la movilidad internacional y la credibilidad del Estado colombiano.

Aquí no está en discusión la intención de fortalecer capacidades estatales. Ese objetivo es legítimo. Lo que preocupa es la forma: decisiones apresuradas, cambios sobre la marcha y una arquitectura contractual que genera más preguntas que certezas.

Porque un pasaporte no es solo un trámite. Es una promesa de confianza.

Y esa confianza —a diferencia de los contratos— no se puede modificar a última hora.