El gobierno del presidente Gustavo Petro comenzó a avanzar en su propuesta para eliminar la prima de servicios que reciben los congresistas, que asciende a aproximadamente $15 millones por legislador. La medida, que forma parte de la estrategia del Ejecutivo para reducir el hueco fiscal de $16 billones en el presupuesto de 2026, ya empieza a recibir apoyos en el ámbito político y legislativo.

La iniciativa contempla la derogación del decreto 2170 de 2013, expedido durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que estableció el pago mensual de esta prima a los congresistas. Desde entonces, el monto de la prima se ha ido ajustando anualmente conforme al aumento de los salarios, que actualmente rondan los $52 millones mensuales.

“Como esta prima la creó un decreto del gobierno en 2013, otro decreto la puede eliminar. Acertada medida que intentamos por ley”, aseguró la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), recordando un proyecto de ley presentado hace dos años que buscaba eliminar el pago, pero que no prosperó en el Congreso.

Por su parte, el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, expresó su respaldo:

“Esta es una medida de elemental justicia social, y el comienzo del proceso de austeridad republicana que he pregonado. Llegó la hora en que las y los congresistas asumamos la responsabilidad de ser servidores públicos, sin buscar ninguna clase de enriquecimiento o beneficio particular”.

El exministro del Interior y también candidato presidencial Juan Fernando Cristo recordó que en 2021 propuso al entonces presidente Iván Duque derogar la prima, y consideró que el decreto actual es el camino más ágil para reducir el salario de los legisladores sin necesidad de una reforma constitucional.

El borrador de decreto, que aún está en análisis, se suma a otras medidas que el gobierno planea para equilibrar las finanzas públicas, incluyendo nuevos impuestos a los megarricos, un aumento del IVA a licores (exceptuando la cerveza) y ajustes en los recursos de diversas entidades. El decreto de emergencia económica empezaría a regir desde el 1 de enero de 2026, pero su aprobación aún no está garantizada, ya que el Congreso y la Corte Constitucional evaluarán su alcance jurídico.

Esta medida marca un nuevo capítulo en la discusión sobre la austeridad en el gasto público, un tema que ha sido recurrente en la agenda política, y que ahora encuentra un vehículo legal vía decreto, tras años de intentos legislativos frustrados para reducir las remuneraciones de los congresistas.