El presidente Gustavo Petro decidió cerrar su mandato con un golpe de alto impacto político: por decreto elevó el salario mínimo en 23,78%, hasta llevarlo —con auxilio de transporte— a la cifra simbólica de dos millones de pesos para 2026. No es solo la mayor alza desde 1960; es también una decisión cargada de mensaje electoral, anunciada en alocución presidencial con una frase reveladora: “Dos millones, dos millones, hay que ponerlo así por redes”.

La redondez de la cifra no es accidental. En un año clave, con elecciones legislativas y presidenciales en el horizonte, el gobierno apuesta por consolidar un relato: salarios altos como motor del crecimiento y como bandera de continuidad política de la izquierda. El aumento no solo supera con creces la inflación proyectada (5%) y la productividad estimada (0,9%), sino que incluso va más allá de lo pedido por los sindicatos (16%) y triplica la propuesta de los empleadores (7,21%).

Petro insiste en que “toda la información estadística muestra que entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja”, una afirmación que desafía el consenso de la mayoría de economistas. Incluso desde visiones heterodoxas hay matices. Simón Gómez, del Centro de Pensamiento Vida, reconoce que la redistribución es necesaria, pero advierte que sin una política agresiva de desarrollo productivo, el modelo es insostenible.

El problema no es solo político, sino macroeconómico. El salario mínimo sube más de cuatro veces la inflación esperada, lo que introduce riesgos claros: presiones inflacionarias adicionales, traslado de costos a precios, aumento de expectativas inflacionarias y una posible reacción del Banco de la República elevando tasas de interés. Todo esto en un contexto fiscal delicado, con deuda alta y un déficit que limita el margen de maniobra del Estado.

Además, el gobierno rompió con el método tradicional de cálculo —inflación más productividad— para adoptar el concepto de “salario mínimo vital”, basado en cuánto necesita una persona para vivir. El enfoque tiene una carga ética fuerte, pero serios problemas técnicos. Parte de un informe de la OIT que usa datos de tamaño de hogar de 2017, cuando el promedio era de cuatro personas; hoy es de 2,8. Tampoco coincide con los umbrales de pobreza del Dane, lo que abre la puerta a cuestionamientos jurídicos ante el Consejo de Estado.

La paradoja es evidente: en Colombia, solo el 17% de los trabajadores gana el salario mínimo. El 83% restante —en su mayoría informales— no se beneficia directamente del alza. Aun así, sí enfrenta sus efectos indirectos: precios más altos, mayores costos de formalización y menos incentivos para la contratación. La informalidad ya supera el 56% y podría seguir creciendo.

Los impactos recaen con especial fuerza sobre las micro y pequeñas empresas, que representan cerca del 85% del tejido empresarial. Para ellas, el aumento del mínimo, sumado a mayores recargos laborales y a una reforma que encarece la nómina, puede traducirse en quiebras, despidos o salida del mercado formal. Analistas estiman que el costo fiscal del incremento podría rondar los 10 billones de pesos anuales entre nómina pública y pensiones, presionando aún más las finanzas del Estado.

No sorprende que algunos vean espejos incómodos en la región. Venezuela y Argentina aparecen como advertencia recurrente: aumentos salariales decretados sin respaldo productivo terminaron siendo absorbidos por la inflación, hasta pulverizar el poder adquisitivo que buscaban proteger. La historia no se repite de forma mecánica, pero sí rima cuando se ignoran las señales económicas.

Al final, la decisión de Petro confirma que el salario mínimo es tanto una variable económica como un instrumento de poder. Como recordaba Michał Kalecki, la disputa salarial es también una disputa política. La pregunta no es si subir salarios es deseable —lo es—, sino cómo, con qué respaldo productivo y con qué políticas complementarias.

Petro deja un salario mínimo históricamente alto y un mensaje político potente. Pero también deja riesgos que deberá administrar el próximo gobierno: inflación persistente, mayor informalidad, presión fiscal y una economía que podría crecer más lento. Dos millones suenan bien. El costo real se sabrá después de las elecciones.