La salida del Estado del programa Colfuturo no es solo una decisión presupuestal: es una señal política. Una que revela cómo el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha optado por convertir un debate técnico sobre educación superior en un discurso ideológico de lucha de clases, aun cuando los datos no respaldan del todo su narrativa.

Durante más de tres décadas, Colfuturo ha sido uno de los instrumentos más sólidos que ha tenido Colombia para formar talento altamente calificado en el exterior. Cerca de 24.000 profesionales seleccionados, universidades de primer nivel y un esquema de crédito–beca que, con aciertos y errores, permitió que miles de jóvenes regresaran al país con formación avanzada. No es un programa perfecto, pero sí uno probado, auditado y reconocido internacionalmente.

El argumento central del Gobierno para retirar su apoyo es que Colfuturo habría beneficiado, de forma predominante, a estudiantes de estratos altos y concentrados en Bogotá y Antioquia. Sin embargo, las propias cifras de la entidad muestran un panorama más matizado: en 2025, el 72 % de los beneficiarios provenía de los estratos 1 al 4, y el estrato 3 fue el más representado. Además, hubo seleccionados en los seis estratos socioeconómicos, algo que se repite en años anteriores. Reducir esta realidad a la idea de que Colfuturo es un “club de élite” es, como mínimo, una generalización conveniente.

Es cierto que existe una concentración regional y que el acceso no ha sido equitativo en términos territoriales. Pero ese problema no nació con Colfuturo ni se resuelve eliminándolo. Es reflejo de desigualdades estructurales previas: calidad de la educación básica, acceso a idiomas, capital académico y oportunidades desiguales según el lugar de origen. Pretender que cerrar la llave a Colfuturo solucionará estas brechas es confundir el síntoma con la causa.

Más preocupante aún es que el retiro del apoyo estatal se haga sin que exista claridad sobre el modelo que lo reemplazará. El Gobierno promete miles de becas desde Minciencias, gestionadas directamente por el Estado, pero hasta ahora no ha demostrado que tenga la capacidad técnica, administrativa y académica para replicar —y mucho menos superar— los estándares de Colfuturo. La historia reciente del sector público colombiano no invita al optimismo cuando se trata de ejecutar programas complejos, de alto costo y con impacto internacional.

El debate no debería ser “Colfuturo sí o no”, sino cómo mejorar lo que existe, corregir sus sesgos y ampliar su alcance. Desfinanciar un programa que funciona, sin una alternativa sólida en marcha, es una apuesta arriesgada que puede costarle al país una generación de profesionales altamente formados.

La educación superior y la ciencia no deberían ser trincheras ideológicas. Cuando el Gobierno decide sacrificar un instrumento probado para reforzar un discurso político, el daño no es simbólico: es real y de largo plazo. Colombia no puede darse el lujo de perder talento por decisiones tomadas más desde la narrativa que desde la evidencia.