El futuro del Tren de Cercanías del Valle del Cauca pende de un hilo. A menos de dos semanas para que entre en vigencia la Ley de Garantías, la Gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, enviaron una carta urgente al Gobierno Nacional solicitando la firma inmediata del convenio de cofinanciación, que garantizaría el 70% de los recursos del proyecto.

El Tren de Cercanías, considerado estratégico para la movilidad y el desarrollo económico regional, conectará Cali con Jamundí en su primer tramo de 23 kilómetros, con 21 estaciones que reducirán tiempos de desplazamiento y fomentarán un transporte sostenible. Se espera que genere más de 10.000 empleos directos e indirectos y se convierta en la columna vertebral de un sistema ferroviario regional.

Sin embargo, la firma del aval técnico del Ministerio de Transporte y del aval fiscal del Ministerio de Hacienda sigue pendiente, a pesar de los anuncios previos de octubre de 2025. Las autoridades locales alertan que si no se concreta antes del 8 de noviembre, la entrada en vigencia de la Ley de Garantías impedirá suscribir convenios interadministrativos hasta mediados de 2026, aplazando el proyecto y obligando a reiniciar procesos, actualizar estudios y perder el impulso financiero e institucional construido durante casi una década.

“Estamos listos para ejecutar uno de los proyectos estratégicos más importantes para nuestro desarrollo, pero dependemos de que la Nación cumpla con su parte. Cali y el Valle no pueden esperar más”, advirtió la gobernadora Toro.

El retraso en la firma del convenio no solo pone en riesgo la movilidad y el desarrollo económico del suroccidente colombiano, sino que evidencia una vez más los desafíos de coordinación entre los gobiernos regional y nacional, y las consecuencias que decisiones políticas o retrasos administrativos pueden tener sobre proyectos de gran impacto social y económico.