El Consejo de Estado le puso freno al Decreto 0858 de 2025, conocido como el “decretazo” a la salud del presidente Gustavo Petro, tras advertir que el Gobierno Nacional desbordó sus límites constitucionales al imponer por decreto una reforma que debía ser discutida y aprobada por el Congreso de la República.

Según el fallo, el decreto firmado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, transformaba de manera unilateral el modelo de atención en Colombia, centralizando el control del sistema en el Ejecutivo bajo la figura de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y las Redes Integrales Territoriales de Salud (RIITS).

El alto tribunal señaló que, con esta maniobra, el Gobierno intentó implementar por la puerta de atrás lo que el Congreso ya había rechazado: una reforma estructural del sistema de salud sin debate democrático.

Pero la controversia no se queda en lo jurídico. Varios expertos en salud pública fueron contundentes al denunciar que el decreto, lejos de fortalecer la prevención, podría facilitar el uso político de los recursos del sistema.

“Ese decreto no es un sistema preventivo. Permite desviar recursos del aseguramiento, durante la vigencia de la Ley de Garantías, hacia actividades que generan votos y no tienen indicadores de desempeño en salud. Es la plata de las citas y los medicamentos”, advirtieron.

Para los críticos, la medida buscaba controlar directamente los fondos del sistema, justo en época preelectoral, debilitando la transparencia y la vigilancia sobre el gasto público en salud.

A pesar de la suspensión, el presidente Gustavo Petro defendió la iniciativa, asegurando que “suspender un sistema preventivo es ir contra la vida humana”. Sin embargo, el fallo del Consejo de Estado fue claro: el Gobierno no puede cambiar las reglas del sistema por decreto, ni concentrar el poder sobre la salud de millones de colombianos sin pasar por el Congreso.

El caso ahora avanza en los tribunales, pero el mensaje es contundente: la improvisación y el autoritarismo en la gestión pública también se frenan desde la justicia.