Mientras el presidente Petro promete combatir la corrupción “caiga quien caiga”, su círculo más cercano parece estar construyendo puentes diplomáticos para que los señalados huyan de la justicia.

El caso de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y hoy prófugo por el escándalo UNGRD, no es solo un episodio más de impunidad: es la radiografía de cómo el poder político y la diplomacia pueden servir como escudo para los aliados incómodos.

Documentos revelados por Noticias RCN demuestran que la Embajada de Colombia en Nicaragua tramitó y renovó la residencia de González, incluso el mismo día en que la Fiscalía le imputaba cargos por cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación.
En ese periodo, la misión diplomática estuvo en manos del entonces embajador León Fredy Muñoz (hoy senador) y su ficha política Óscar Muñoz, quien habría gestionado los trámites ante el régimen de Daniel Ortega.

Y aquí surgen las preguntas incómodas:

• ¿Quién dio la orden?

• ¿Por qué la Cancillería no investigó de inmediato?

• ¿Por qué Interpol aún no emite circular roja?

• ¿Y por qué el presidente Petro guarda silencio frente a un hombre que fue pieza clave en su engranaje político?

💬 El abogado Fabio Humar advirtió que si hubo gestiones sin autorización, podría configurarse abuso de función pública y entorpecimiento a la justicia. Julián Quintana fue más allá: esto huele a “plan para evadir a los jueces”.

Mientras tanto, González vive tranquilo en Managua, con papeles en regla, en un país donde la justicia es tan flexible como la voluntad política del gobierno colombiano para traerlo de vuelta.

Aquí no estamos ante un simple trámite consular: estamos frente a una operación de salvamento político que contradice cada discurso anticorrupción pronunciado desde la Casa de Nariño.