La fiscal general se enfrenta a graves señalamientos en medio del escándalo UNGRD

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, fue elegida con la promesa de liderar una Fiscalía independiente, moderna y comprometida con la justicia premial. Sin embargo, recientes revelaciones ponen en duda no solo su imparcialidad, sino también su integridad legal.

Las pruebas que la contradicen

En un documento del 13 de mayo, Camargo afirmó que su despacho no tenía nada que ver con los principios de oportunidad en el caso del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Dijo que la competencia recaía exclusivamente en los fiscales delegados ante la Corte Suprema.

No obstante, una comunicación interna de la Fiscalía, fechada el 14 de mayo y revelada por Semana, contradice su versión. Allí se afirma que el principio de oportunidad solicitado por Sandra Ortiz estaba pendiente de autorización directa de la fiscal general.

¿Estamos frente a una falsedad en documento público?

¿Justicia independiente o control desde arriba?

Este hecho levanta una alerta gravísima: mientras Camargo predica descentralización, los documentos evidencian que mantiene el control sobre decisiones clave. La promesa de una Fiscalía independiente choca con prácticas que apuntan a una concentración de poder que obstaculiza colaboraciones eficaces.

Más grave aún: se negó protección a la familia de Ortiz, quien involucra a figuras del alto gobierno y a un magistrado de la Corte Constitucional. ¿Coincidencia? ¿O un intento de desestimular más confesiones incómodas?

Conflictos, silencios y omisiones

El nombre de Vladimir Fernández —actual magistrado y presunto facilitador de la elección de Camargo— aparece varias veces en el testimonio de Ortiz. Sin embargo, la Fiscalía no ha compulsado copias ante la Comisión de Acusación. Tampoco se ha movido un dedo frente a graves denuncias que involucran a ministros y congresistas.

Incluso, se dejó perder la oportunidad de fortalecer el caso con el testimonio de Olmedo López, al no apelar una negativa judicial.

¿Puede seguir en el cargo?

La pregunta es inevitable: ¿puede una fiscal general que está en el centro del escándalo dirigir con legitimidad una investigación que la roza?

Hoy, Camargo no solo está bajo la lupa de la opinión pública. También enfrenta una recusación, una solicitud de fiscal ad hoc, y una posible nulidad de su elección que estudia el Consejo de Estado. La presión crece, y su permanencia se torna insostenible.

Conclusión

Cuando la máxima autoridad de la Fiscalía se convierte en un factor de sospecha, la confianza ciudadana en la justicia tambalea. Si Luz Adriana Camargo realmente cree en la independencia judicial, debería declararse impedida en este caso. Porque la verdad, la justicia y el país lo exigen.

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