La muerte del coronel Óscar Dávila no solo dejó una silla vacía en el aparato de seguridad presidencial, sino que también abrió un túnel de dudas, silencios incómodos y sospechas institucionales. A casi un año de su deceso, el caso resurge con la investigación contra 10 funcionarios de Medicina Legal por presuntas irregularidades. No es solo un capítulo cerrado: es un expediente que sigue escribiéndose con tinta turbia.

El coronel Dávila fue hallado sin vida el 9 de junio de 2023 en un vehículo Nissan gris en el barrio Nicolás de Federmán, al occidente de Bogotá. La escena apuntaba, a primera vista, a un suicidio: un disparo en la cabeza, el arma en el lugar y un entorno sin signos de riña. Pero los detalles, como en toda buena historia, merecen ser revisados con lupa.

Ese mismo día, Dávila había despedido a su familia en el aeropuerto El Dorado y remitido una carta al entonces fiscal Francisco Barbosa. En ella se ponía a disposición para colaborar con la justicia. ¿Qué sabía el coronel? Según versiones, conocía quién había dado la orden de interceptar ilegalmente a Marelbys Meza, la exniñera de la hoy canciller Laura Sarabia. No es un dato menor: lo convertía en testigo clave en un escándalo que rozaba los círculos más altos del poder.

Los movimientos del coronel fueron rastreados con precisión. Salió del apartamento de un familiar a las 17:53, pasó por Corferias a las 18:10, llamó a su esposa a las 18:13, y tres minutos después se comunicó con una periodista de Revista Cambio. A las 18:16, la camioneta se estacionó. A las 18:18, su conductor regresó del mercado y lo encontró muerto.

El protocolo que debía aplicarse era claro: ante muertes en extrañas circunstancias, el Protocolo de Estambul y Minnesota exige una autopsia especializada, rigurosa. Pero aquí comienzan los desvíos. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial reveló que 23 funcionarios accedieron al expediente de la muerte del coronel, aunque solo 12 tenían competencia para hacerlo. Once lo hicieron sin autorización, incluso por «curiosidad». Un exfuncionario, con usuario aún activo, también consultó el caso. ¿Quién protege a los testigos si hasta la cadena de custodia está bajo sospecha?

La necropsia arrojó elementos contundentes: una herida de entrada irregular por contacto con el cañón, restos de pólvora en el cráneo, patrón de salpicaduras en forma de U en la ropa, ausencia de signos de lucha. También se detectó una dosis elevada de Alprazolam, un ansiolítico que consumió poco antes de su muerte. Según los expertos forenses, todo indica un suicidio.

¿Y si lo fue, por qué no bastó el suicidio para cerrar el caso? Porque los cabos sueltos se niegan a morir con sus protagonistas. Porque una muerte así, en medio de un escándalo que involucra abuso de poder, seguimientos ilegales y silencios incómodos, merece más que un dictamen médico.

El coronel Dávila no era cualquier funcionario. Coordinaba la Protección Anticipativa de la Presidencia. Estaba en el centro de una tormenta política y sabía cosas que no debía saber. No es paranoia: es historia reciente.

Colombia tiene una larga tradición de muertes convenientes que se sellan como suicidios. Por eso la verdad no puede quedar bajo llave ni sellada en un cajón forense. La apertura de esta nueva investigación no debe ser vista como una simple revisión técnica, sino como una oportunidad –quizá la última– de limpiar el expediente y evitar que la impunidad firme la última línea.

Porque en este país, los muertos no siempre se matan solos. Y el silencio, cuando es institucional, hace más ruido que una bala.