El martes 23 de septiembre volvió a la agenda del Congreso un tema que, cada cierto tiempo, divide a la opinión pública: la posibilidad de devolverles el derecho al voto a los militares y policías en servicio activo. La iniciativa, presentada por los representantes José Jaime Uscátegui y José Cortés, con respaldo de congresistas conservadores y de La U, busca modificar el artículo 219 de la Constitución y permitir que los uniformados acudan a las urnas a partir de 2030.

Hoy, más de 450.000 hombres y mujeres de la fuerza pública están excluidos del censo electoral, una restricción que rige desde 1932 y que fue ratificada en la Constitución de 1991. La justificación: garantizar la neutralidad institucional y evitar que las armas se conviertan en factor de presión política.

Los argumentos de quienes impulsan la reforma

“Nuestros héroes no son ciudadanos de segunda categoría. Si pagan impuestos y defienden la democracia todos los días, también merecen elegir en las urnas”, afirmó Uscátegui al radicar el proyecto.
La propuesta promete salvaguardar la imparcialidad de la fuerza pública mediante tres garantías: el secreto del voto, la neutralidad institucional y la prohibición expresa de militar en partidos políticos.

Los promotores insisten en que se trata de un asunto de derechos: reconocer la plena ciudadanía de quienes arriesgan su vida en defensa del país.

Los reparos: ¿politizar a la fuerza pública?

El principal temor de los opositores es que abrir la puerta al sufragio de los uniformados pueda alterar la transparencia electoral o incluso incentivar la politización de la fuerza pública. “La imparcialidad es un pilar de la democracia. Permitir que actores armados —aunque sean legales— participen directamente en política genera riesgos”, advierten sus críticos.

En esa línea, se recuerda la experiencia de mediados del siglo XX, cuando la Policía se vio involucrada en las disputas partidistas, lo que derivó en episodios de violencia política.

Una voz a favor desde la experiencia

El general (r) Óscar Naranjo, exdirector de la Policía y exvicepresidente de Colombia, se mostró abierto al debate:
“Creo que el país ha madurado, hay una ciudadanía distinta. El derecho al voto significa no proselitismo, no activismo. La clave es garantizar que no se abra la puerta a la manipulación política con los militares”.

Un camino largo en el Congreso

El proyecto, al ser un acto legislativo, deberá superar ocho debates en dos periodos para convertirse en realidad. Además, si es aprobado, el Gobierno y la Registraduría tendrían un año para reglamentar los mecanismos de votación de los uniformados.

Por ahora, la propuesta reabre un dilema de fondo: ¿es hora de reconocerles plenamente la ciudadanía a los miembros de la fuerza pública o persisten los riesgos de mezclar política y armas?

Lo cierto es que el tema volverá a ser un campo de batalla en el Congreso y en la opinión pública en los próximos meses.