Un nuevo escándalo académico sacude al país. La Fundación Universitaria San José enfrenta graves denuncias por expedir títulos profesionales a estudiantes que no cumplían con los requisitos legales, especialmente la aprobación del examen Saber Pro. Según testimonios, el caso de Juliana Guerrero, viceministra de las Juventudes, no sería un hecho aislado, sino parte de una práctica recurrente que afectaría a numerosos funcionarios y contratistas vinculados al gobierno.

Un exempleado de la institución reveló que la entrega de diplomas sin la presentación del examen era conocida dentro de la universidad. Los estudiantes podían recibir el título simplemente firmando una carta de compromiso para presentar la prueba en el futuro, sin que existiera un mecanismo de control efectivo. “Era algo frecuente. Se entregaban diplomas sin el Saber Pro, con la promesa de presentarlo después. El caso de Guerrero no fue el único”, aseguró la fuente.

La gravedad de estas prácticas queda aún más evidente en casos como el de Laura Julieth Martínez Morales, quien obtuvo un título de Ingeniería Industrial antes de presentar la prueba Saber Pro, para posteriormente acceder a un contrato público con un salario mensual de $8.450.000. Expertos en normativa educativa calificaron esta situación como ilegal, ya que el cumplimiento del examen es un requisito indispensable para la graduación.

El extrabajador entrevistado también denunció que, en algunos casos, se habrían pagado hasta $20 millones por títulos, incluyendo especializaciones, aunque no se presentaron pruebas documentales de estas transacciones.

Frente a estas acusaciones, el representante legal de la Fundación Universitaria San José, Francisco Pareja González, evitó responder directamente sobre las irregularidades y se limitó a destacar la misión social de la institución. Por su parte, denunció ante las autoridades al exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez por presuntos delitos de daño informático y obtención de documento público falso, señalando que fue retirado de su cargo junto a su equipo.

Este escándalo pone en el centro del debate la legitimidad de los títulos expedidos por la Fundación Universitaria San José y cuestiona la transparencia de los procesos de selección de personal en entidades públicas. Además, genera dudas sobre la supervisión de las universidades por parte del Estado y sobre la ética en la vinculación de funcionarios en el gobierno.

Mientras la comunidad educativa y la ciudadanía esperan respuestas claras, la pregunta sobre la calidad educativa y la corrupción en el acceso a cargos públicos queda en el aire: ¿hasta qué punto se están comprometiendo los principios fundamentales de la educación en Colombia?