La reforma a la salud propuesta por el Gobierno Nacional volvió a encender el debate público, esta vez con serias implicaciones legales. La representante a la Cámara Lina Garrido, del partido Cambio Radical, denunció penalmente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ante la Fiscalía General de la Nación por lo que considera una responsabilidad directa en el deterioro del sistema y en muertes evitables por falta de atención médica.

La congresista, una de las voces más críticas de la reforma impulsada por el presidente Gustavo Petro, calificó a Jaramillo como el “ministro de la muerte” y lo acusó del delito de “concurso de homicidio de carácter sucesivo”. Según Garrido, las recientes declaraciones del ministro en el Congreso representan, en sus palabras, una “confesión pública de culpabilidad”.

Durante una audiencia en la Comisión Séptima del Senado el pasado 12 de mayo, el ministro Jaramillo afirmó:

“Las tenemos en cuidados intensivos a las EPS para que salga la reforma, porque en la reforma hemos planteado que hay que pagar las deudas y debe ser el Estado quien las pague”.

Estas afirmaciones, según la denuncia de Garrido, confirmarían que el Gobierno está ejerciendo presión deliberada sobre las Entidades Promotoras de Salud (EPS), situación que —a juicio de la representante— ha provocado un colapso en la atención médica y el desabastecimiento de medicamentos.

“La crisis que usted ha generado de forma dolosa podría aumentar la mortalidad hasta en un 25 %, lo que se traduce en 9.100 muertes adicionales por año, sobre un promedio histórico de 36.411 muertes evitables entre 2010 y 2019”, argumentó Garrido, citando estimaciones de expertos.

La representante también recordó casos concretos de pacientes afectados, como Valentina Reyes y otros niños con enfermedades huérfanas, quienes —según su denuncia— habrían fallecido por falta de medicamentos en EPS intervenidas por el Gobierno.

“La justicia debe actuar. Esto no es una omisión administrativa: es un acto consciente y criminal. Si usted o su familia han sido víctimas de esta crisis, contáctenme. Estoy reuniendo pruebas para llevar ante la Fiscalía”, expresó Garrido en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro Jaramillo no ha emitido una respuesta directa a la denuncia penal, aunque ha insistido en que la reforma busca salvar al sistema de salud del colapso financiero y garantizar una atención equitativa para todos los colombianos.

La denuncia plantea un nuevo reto para el Gobierno Petro en su defensa de la reforma a la salud, al tiempo que expone la creciente polarización en torno al manejo de uno de los temas más sensibles para la ciudadanía.