El reciente decreto expedido por el Gobierno para adelantar el cobro de la retención en la fuente del impuesto de renta de las empresas del 2026 a este año representa, a simple vista, un esfuerzo por equilibrar las cuentas públicas y enfrentar los problemas de caja que aquejan a la administración. Sin embargo, detrás de esta medida aparentemente urgente, se esconde un riesgo económico y fiscal que podría tener consecuencias profundas y duraderas para la economía nacional.

Este tipo de “anticipos” no son más que un endeudamiento disfrazado. Al forzar a las empresas a pagar impuestos que corresponden a ejercicios futuros, el Gobierno está “jalando” recursos que deberían estar disponibles para sostener la actividad productiva y la inversión en los próximos años. No es solo una cuestión contable, sino de liquidez real. Las compañías, especialmente las micro, pequeñas y medianas, verán afectado su flujo de caja, lo que puede traducirse en menor capacidad para pagar salarios, mantener operaciones o invertir en crecimiento.

Expertos y gremios empresariales han advertido que esta medida podría convertirse en una suerte de reforma tributaria encubierta, que castiga a quienes cumplen con sus obligaciones, a los trabajadores formales, independientes y pequeños comerciantes. En un contexto donde la formalización y la inversión deberían ser prioridad para impulsar el desarrollo económico, esta medida parece ir en dirección contraria, afectando el consumo, el ahorro y la confianza empresarial.

Además, el decreto abre la puerta a un “hueco fiscal” en 2026: al recaudar anticipadamente, el Gobierno se desfinancia para ese año, generando un vacío que podría obligar a nuevas medidas que profundicen la incertidumbre económica. Como señala el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, esto obliga a las empresas a endeudarse para cubrir obligaciones que no esperaban enfrentar todavía, lo que no es sano ni para las firmas ni para el mercado laboral.

Es fundamental que las autoridades reconsideren esta estrategia y busquen alternativas que no sacrifiquen la estabilidad financiera de las empresas ni pongan en riesgo el empleo y el crecimiento. Adelantar ingresos fiscales puede ser una solución temporal, pero no es una política sostenible. La economía necesita certezas, no parches que postergan problemas y los hacen más grandes.

En definitiva, el decreto refleja una tensión entre la urgencia fiscal del Gobierno y la salud financiera del sector privado. La pregunta es si el costo que pagará la economía en el mediano plazo justifica esta aparente solución inmediata. Por ahora, la respuesta parece clara: el riesgo es demasiado alto y las consecuencias pueden ser muy costosas para todos.