La reacción del presidente Gustavo Petro frente a la detención preventiva del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla no fue un gesto de prudencia democrática, sino una señal inquietante de cómo el poder puede torcer el discurso cuando la justicia toca a los cercanos.

Petro no se limitó a recordar la presunción de inocencia —algo válido y necesario—. Fue más allá: cuestionó la decisión judicial, insinuó motivaciones políticas y envolvió el caso en una narrativa de persecución histórica, como si Colombia estuviera asistiendo a la repetición de viejos abusos contra académicos y líderes sociales. Pero aquí no hay un profesor encarcelado por pensar distinto. Hay un exministro clave del Gobierno, investigado por presuntos delitos graves en el escándalo de la UNGRD.

El intento de equiparar ambos escenarios no solo es deshonesto; es peligroso. Porque diluye la gravedad de los hechos y desplaza el debate desde la responsabilidad pública hacia el victimismo político.

Más preocupante aún es la lógica que se desprende del discurso presidencial: la idea de que los funcionarios implicados serían, en el fondo, víctimas de un sistema que los “extorsionó”. Bajo esa premisa, quienes facilitaron contratos, movieron recursos o “aceitaron” apoyos políticos no serían responsables, sino simples piezas atrapadas en una maquinaria ajena. Una tesis cómoda, pero profundamente irresponsable.

La pregunta central no es si Bonilla es culpable —eso lo definirá la justicia—. La pregunta es otra: ¿por qué el Gobierno terminó dependiendo de operadores políticos en lugar de técnicos con criterio y límites?

La salida de José Antonio Ocampo del Ministerio de Hacienda marcó un punto de inflexión. Ocampo representaba una voz incómoda: advertía sobre el déficit, defendía la disciplina fiscal y no estaba dispuesto a convertir la chequera del Estado en herramienta política. Su reemplazo no fue casual. Ricardo Bonilla llegó como alguien dispuesto a cumplir encargos, a garantizar “caja”, a conseguir deuda y a facilitar gobernabilidad, incluso en terrenos resbaladizos.

Según lo que ha trascendido en investigaciones y declaraciones públicas, el mecanismo fue tan conocido como nocivo: contratos a cambio de respaldos. Cerca de 90.000 millones de pesos que, lejos de traducirse en bienestar ciudadano, habrían servido para sostener alianzas políticas y profundizar un endeudamiento que hoy tiene al país al borde de una crisis fiscal difícil de manejar.

Y frente a ese escenario, el Presidente no toma distancia. Al contrario: cierra filas. Defiende al exministro y, de paso, descalifica a la justicia. El mensaje implícito es claro y alarmante: cuando la justicia incomoda al proyecto político, se convierte en enemiga.

Ese es el verdadero problema. No la defensa personal de un exfuncionario, sino la normalización de una idea peligrosa: que la corrupción es excusable si se hace en nombre de una causa. Que el fin justifica los medios. Que endeudar al país, repartir contratos y tolerar prácticas cuestionables es aceptable si sirve para sostener un proyecto político.

Gobernar no es eso.
Gobernar es asumir responsabilidades, incluso cuando duelen.
Gobernar es permitir que la justicia actúe sin presiones ni relatos épicos.

Cuando el poder se victimiza para evitar rendir cuentas, la democracia se debilita. Y cuando un presidente prefiere justificar a sus operadores antes que exigir claridad, el mensaje al país es devastador: la lealtad importa más que la transparencia.

Colombia no necesita mártires fabricados ni relatos de persecución. Necesita algo mucho más básico y urgente: que quien gobierna entienda que el poder no es para proteger a los suyos, sino para responderle a los ciudadanos.