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La Fiscalía General de la Nación ejecutó un operativo judicial que dejó cinco órdenes de captura relacionadas con presuntos hechos de corrupción en la contratación con la firma norteamericana Vertol Systems Company para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional.
Primeras capturas y allanamientos
Entre los primeros capturados se encuentran:
Coronel Julián Rincón, comandante de la Brigada de Aviación del Ejército en Tolemaida, responsable de la supervisión y mantenimiento de la flota.
Hugo Alejandro Mora Tamayo, exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, capturado en Manizales.
Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, capturado en Bogotá.
La Fiscalía también solicitó dos circulares rojas ante Interpol para capturar a Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie, implicados en el caso a nivel internacional.
Delitos investigados
Los capturados deberán responder por delitos como:
Falsedad ideológica en documento público
Interés indebido en la celebración de contratos
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
Tráfico de influencias de servidor público
Prevaricato por acción
Abuso de función pública
Peculado por apropiación
Según la Fiscalía, se solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad, dado el daño ocasionado al erario público y la posible afectación a la seguridad nacional.
Alerta de la Contraloría
El escándalo se originó tras la alerta de la Contraloría General sobre el posible detrimento patrimonial del contrato No. 012 del 2024, cuyo anticipo inicial fue de 16,2 millones de dólares, equivalente al 50% del valor total de 32,4 millones de dólares.
El organismo de control advirtió que el contrato registraba un avance físico del 8% mientras ya se había desembolsado la mitad del valor total, evidenciando una desproporción crítica entre recursos entregados y ejecución del contrato, poniendo en riesgo la operatividad de los helicópteros Mi-17, fundamentales para transporte de tropas, evacuaciones médicas y misiones humanitarias.
Importancia del caso
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, resaltó que este contrato, además de su alto valor económico, tiene implicaciones directas sobre la seguridad nacional, ya que los helicópteros Mi-17 deben estar operativos para garantizar la movilidad de tropas y asistencia en zonas de difícil acceso.
“Es un contrato de suma muy elevada y de alta sensibilidad para la seguridad del país. Las capturas son el primer paso en una investigación contra presuntas irregularidades de naturaleza contractual”, afirmó la fiscal Camargo.





