El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta una de sus crisis internas más profundas y silenciosas. No se trata solo de diferencias políticas ni de egos enfrentados, sino de un escándalo que combina recursos públicos por más de $1,1 billones, denuncias cruzadas de corrupción, acusaciones de conspiración y una pugna feroz por el control del poder en la recta final del mandato.

El epicentro del terremoto es el Fondo de Adaptación, entidad clave para atender la histórica emergencia de La Mojana, una región golpeada durante décadas por inundaciones y abandono estatal. Desde finales de 2023, cuando recibió el multimillonario presupuesto para ejecutar obras en 11 municipios de cuatro departamentos, el Fondo se convirtió en un fortín burocrático codiciado por sectores políticos, especialmente de los partidos La U y la Alianza Social Independiente (ASI).

Una implosión en el corazón del Gobierno

La disputa estalló públicamente cuando tres figuras cercanas al presidente —Angie Rodríguez, directora del Dapre y gerente encargada del Fondo; Carlos Carrillo, director de la Ungrd y exgerente del Fondo; y el ministro del Interior, Armando Benedetti— se enfrentaron en una batalla sin precedentes dentro del petrismo.

Rodríguez asumió la gerencia encargada del Fondo el 4 de noviembre, en medio de rumores sobre su distanciamiento con el presidente y una posible salida de la Casa de Nariño. Fuentes del Gobierno interpretaron su traslado como un “premio de consolación”, tras diferencias con Petro por el nombramiento de José Alexis Mahecha en el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, lejos de replegarse, Rodríguez contraatacó.

Denunció un complot para sacarla del cargo, habló de seguimientos a su vivienda y aseguró estar a punto de revelar pruebas “graves” de presunta corrupción en el Fondo de Adaptación. Horas después de haber salido momentáneamente del cargo, regresó fortalecida, con respaldo de ministros y congresistas del Pacto Histórico, quienes incluso la condecoraron públicamente.

La ejecución que no llega y las acusaciones que escalan

En una declaración transmitida por los canales oficiales de Presidencia, Rodríguez lanzó una de las acusaciones más delicadas: solo se ha ejecutado el 3 % de los $1,1 billones asignados a La Mojana. Habló de obras inconclusas, inversiones cuestionables y retrasos injustificados en estudios técnicos. Para ella, la baja ejecución no es solo ineficiencia: “también es corrupción”, por omisión y por negarle derechos básicos a una comunidad en emergencia.

El mensaje fue leído como un ataque directo a la gestión de Carlos Carrillo, quien respondió con dureza. Calificó la denuncia como una “canallada” y aseguró que se trata de un ataque político para minar su legitimidad, supuestamente orquestado por Rodríguez y Benedetti. Según Carrillo, su pecado habría sido oponerse a los acuerdos políticos “tras bambalinas” que, dice, pretende impulsar el ministro del Interior.

Benedetti, lejos de bajar el tono, elevó aún más la confrontación. Desde su cuenta en X, lanzó una acusación explosiva: sugirió la existencia de cobros de coimas para destrabar pagos represados en el Fondo, mencionando directamente a funcionarios cercanos a Carrillo. Aunque no presentó pruebas públicas, la gravedad del señalamiento encendió todas las alarmas.

Petrismo dividido y silencio presidencial

Este choque no es menor. Ha dejado al descubierto una fractura profunda dentro del petrismo. De un lado, Carrillo representa al sector ideológico más duro, los llamados “purasangre”, que rechazan la llegada al Ejecutivo de figuras tradicionales o ajenas al proyecto original. Del otro, Rodríguez y Benedetti encarnan el ala pragmática del Gobierno, que ya piensa en alianzas amplias y en la supervivencia política más allá del 7 de agosto de 2026.

En medio del vendaval, el presidente Gustavo Petro guarda silencio. No ha emitido trinos ni declaraciones públicas sobre el caso, aunque fuentes coinciden en que su respaldo tácito se inclina hacia Rodríguez, considerada una de sus funcionarias más cercanas en Palacio.

Mientras tanto, la Fiscalía, los organismos de control y el Congreso mantienen la lupa sobre los nombramientos y contratos del Fondo de Adaptación. El fantasma del saqueo a la Ungrd vuelve a rondar al Gobierno, esta vez con un ingrediente adicional: una guerra interna que amenaza con dejar heridos políticos, salidas anticipadas y un nuevo remezón en el gabinete.

La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿qué pasó realmente con los $1,1 billones destinados a La Mojana? Y, sobre todo, ¿quién asumirá la responsabilidad política si las denuncias se confirman?