Hay cifras que, por su tamaño, terminan diciendo más que cualquier discurso político. La deuda de 58 billones de pesos que las EPS acumulan con hospitales, clínicas y empresas farmacéuticas —revelada por un informe de la Contraloría General de la República correspondiente al cierre de 2025— es una de esas cifras. No es solo un número de contabilidad: es la radiografía de un sistema de salud que, tras años de crisis y de intervención estatal, sigue sin encontrar la salida.

Una deuda que creció más rápido que las soluciones

El dato central del informe es contundente: esa deuda de 58 billones de pesos creció 26,5 % en un solo año, es decir, más de 12 billones de pesos adicionales entre 2024 y 2025. La explicación técnica es relativamente simple: el costo de atender a los afiliados superó de manera sostenida los ingresos que reciben las EPS a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo con el que el Estado les gira los recursos para cubrir los servicios de salud de sus usuarios.

Ese desbalance no es casual. La Corte Constitucional determinó que el valor de la UPC fijado por el Ministerio de Salud resultaba insuficiente para cubrir los costos reales del sistema, y ordenó un reajuste técnico que, según el informe, no se cumplió de manera oportuna. El incumplimiento reiterado de esa orden llevó a que la propia Corte abriera, en diciembre de 2025, un incidente de desacato contra el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Es difícil entender la magnitud de la deuda actual sin tener en cuenta esa negativa persistente a ajustar el valor que financia la operación de todo el sistema.

La intervención que no mejoró nada

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe tiene que ver con las EPS que el propio Gobierno decidió intervenir administrativamente —entre ellas Nueva EPS, Sanitas y Coosalud— bajo la premisa de estabilizar su situación financiera. Los datos de la Contraloría muestran, sin embargo, que la intervención no se tradujo en mejoría alguna: en el primer trimestre de 2026, esas entidades gastaron 117,8 pesos por cada 100 que recibieron, un desbalance incluso mayor que el de las EPS que no fueron intervenidas, que gastaron 100,8 pesos por cada 100 recibidos.

El propio informe de la Contraloría es tajante en su conclusión sobre este punto: pese al tiempo transcurrido desde que se adoptaron las medidas especiales, ninguna de las EPS intervenidas ha logrado recuperar su patrimonio ni acercarse a los parámetros financieros mínimos exigidos por la ley. En algunos casos, la situación incluso empeoró durante el propio proceso de intervención.

Solo cuatro EPS, de 28, cumplen la ley

Quizás el dato más revelador de todo el informe es este: de las 28 EPS que operan actualmente en Colombia, solamente cuatro —Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía— cumplen con la totalidad de los requisitos financieros exigidos por la normativa vigente, relacionados con capital, patrimonio y reservas. Juntas, esas cuatro entidades representan menos del 2 % de los afiliados de todo el sistema.

Es decir: la inmensa mayoría de los colombianos está afiliada a EPS que incumplen uno o varios de los indicadores financieros básicos que la ley exige para garantizar su solvencia. De las 26 entidades que entregaron información para el análisis, 17 cerraron 2025 con pérdidas, y en promedio gastaron el equivalente al 110 % de los recursos que recibieron para atender a sus afiliados.

El caso Nueva EPS: la aseguradora más grande, también la más opaca

Dentro de ese panorama, el caso de la Nueva EPS merece mención aparte. Se trata de la aseguradora más grande del país, con cerca de 11,6 millones de afiliados —uno de cada cinco colombianos cubiertos por el sistema—, intervenida por el Estado desde abril de 2024. Según la Contraloría, la entidad dejó de entregar información financiera a la Superintendencia Nacional de Salud desde marzo de ese mismo año, y no logró certificar sus estados financieros de 2025 dentro del periodo revisado por el organismo de control. La propia entidad reconoció que no tiene estados financieros aprobados desde diciembre de 2023 y que tampoco ha logrado cerrar contablemente ni 2024 ni 2025.

Mientras esas cuentas permanecen sin cerrar, la deuda de la Nueva EPS con su red de servicios pasó de 22 billones a casi 26 billones de pesos en un año, el mayor saldo registrado entre todas las aseguradoras analizadas. A eso se suman otros 17 billones de pesos que la entidad recibió como anticipos y que, según la Contraloría, aún no han podido justificarse contablemente. No sorprende, entonces, que la Nueva EPS también haya sido la entidad con más quejas de pacientes durante 2025, con más de 518.000 PQRS registradas, entre ellas casos que han tenido que llegar a las redes sociales para conseguir atención prioritaria.

Cuando la deuda se convierte en riesgo para el paciente

Detrás de cada cifra de este informe hay un impacto directo sobre las personas que dependen del sistema. Las deudas de las EPS con los proveedores de medicamentos pasaron de 2,85 billones a 3,8 billones de pesos entre 2024 y 2025 —un incremento del 33 %—, y buena parte de ese saldo corresponde a facturas generadas durante el propio 2025, lo que descarta la idea de que se trate simplemente de un rezago heredado de años anteriores.

El propio informe de la Contraloría lo advierte sin rodeos: esta situación interrumpe la cadena de suministro de medicamentos y tecnologías en salud, lo que pone en riesgo la entrega oportuna de tratamientos esenciales y termina traduciéndose en mayores barreras de acceso para los pacientes, con efectos directos sobre la continuidad de los tratamientos y la calidad de vida de millones de colombianos.

Una crisis que la intervención estatal no ha logrado resolver

El Gobierno mantiene actualmente nueve EPS bajo intervención directa y otras dos bajo medidas especiales, en lo que se suponía sería una estrategia para contener el deterioro del sistema. Pero el balance que entrega la Contraloría sugiere que esa apuesta no ha funcionado: varias de las entidades vigiladas empeoraron sus indicadores entre 2024 y 2025, mantuvieron gastos superiores a sus ingresos y continuaron operando con patrimonios negativos.

La conclusión del organismo de control es clara y, en cierto sentido, incómoda para el relato oficial: las medidas adoptadas durante 2025 y lo corrido de este año no han logrado corregir las causas estructurales que originaron el deterioro financiero del sistema. Con una deuda de 58 billones de pesos, una intervención que no mejora los indicadores y solo cuatro entidades cumpliendo la ley, la pregunta que queda planteada no es solo qué heredó el nuevo Gobierno, sino qué tan lejos está Colombia de tener un sistema de salud financieramente sostenible, más allá de quién esté sentado en la Casa de Nariño.