Hay reportajes que no descubren cifras nuevas, sino que las hacen imposibles de ignorar. Eso es lo que logró el fotoperiodista danés Mads Nissen con el ensayo visual que publicó recientemente The Economist, resultado de casi una década siguiendo la ruta de la cocaína colombiana desde las laderas andinas donde se cultiva la coca hasta las salas de juntas y los bares de Europa donde termina consumiéndose. El dato de fondo —que la cocaína ya superó al petróleo como principal producto de exportación del país— no era desconocido: un estudio del centro Valor Público de la Universidad Eafit ya lo había documentado en junio. Lo que aporta Nissen es otra cosa: la evidencia visual y humana de cómo esa economía ilegal atraviesa, capa por capa, a toda la sociedad colombiana.

Un barrio, un río, una guerra

El reportaje arranca en Potrero Grande, un barrio periférico de Cali construido a orillas del río Cauca, una de las principales arterias del narcotráfico en el país. Buena parte de sus habitantes llegaron huyendo de los grupos armados que azotan las zonas rurales de Colombia, solo para terminar, muchas veces, reclutados por esas mismas estructuras en la ciudad. Es allí donde Nissen encuentra a Brian, un joven que carga un arma desde los 15 años y que describe su cotidianidad en un puñado de palabras que resumen el reportaje entero: para él, la vida en su barrio es, sencillamente, una guerra constante.

Brian cuenta algo que se repite en decenas de testimonios similares recogidos en distintas investigaciones sobre violencia urbana en Colombia: la ausencia de oportunidades laborales formales como puerta de entrada al crimen. Entregar hojas de vida que nunca reciben respuesta, mientras alguien más ofrece dinero fácil a cambio de un encargo violento, es —según su relato— el punto de partida de muchas trayectorias criminales en barrios como el suyo.

De la finca andina al laboratorio en la selva

El reportaje traza después el primer eslabón de la cadena: los cultivos de coca en las laderas de los Andes y los laboratorios clandestinos, ocultos en la selva, donde la hoja se transforma en pasta base y luego en clorhidrato de cocaína. Nissen documenta que buena parte de esa siembra no responde a una decisión libre de los agricultores, sino a la coacción de grupos armados que utilizan el despojo de tierras y la amenaza de muerte como mecanismos de control territorial, en zonas donde la presencia estatal es mínima o inexistente.

The Economist atribuye la posición dominante de Colombia en esta cadena a una combinación de factores geográficos e históricos: el país comparte frontera terrestre con cinco naciones y tiene salida a tres cuerpos de agua distintos —el Pacífico, el Atlántico y el mar Caribe—, lo que lo convierte en un cruce natural para rutas de contrabando. A eso se suma el legado de décadas de conflicto armado interno, que dejó estructuras militares y logísticas ya preparadas para controlar territorios y rutas, muchas veces con la complicidad de autoridades locales.

El tramo final: Tumaco, Buenaventura y Europa

Desde los puertos de Tumaco y Buenaventura, las principales puertas colombianas hacia el Pacífico, la droga sale del país en buques de carga o en sumergibles artesanales conocidos como narcosubmarinos, rumbo a un mercado europeo que, según cifras de Naciones Unidas citadas en el reportaje, concentra cerca del 22 % de los aproximadamente 25 millones de consumidores de cocaína en el mundo. Nissen insiste en que ese consumo ya no puede describirse como un fenómeno marginal, sino como algo que él denomina la «democratización de la droga»: un mercado que ha dejado de limitarse a ciertos círculos sociales para extenderse ampliamente.

Esa lectura coincide con las cifras más recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que en su informe mundial de 2026 calculó en 331 millones el número de personas que consumieron alguna droga en 2024 —un 6,2 % de la población mundial entre 15 y 64 años, frente al 5,2 % de hace una década—. Para la cocaína en particular, el organismo registró que la producción de cocaína pura se cuadruplicó hasta superar las 4.000 toneladas en 2024, mientras el número de consumidores creció más de un tercio en la última década, con una expansión notable hacia mercados nuevos en regiones como África.

¿Renovación o maquillaje?

Uno de los detalles más reveladores del reportaje tiene que ver con lo simbólico: la alcaldía de Cali estudia renombrar a Potrero Grande como «Nuevo Amanecer», en un gesto de renovación urbana. Para Brian, sin embargo, ese tipo de iniciativas son puro relato: mientras los políticos buscan proyectar una imagen de paz hacia el exterior, la violencia cotidiana en su barrio no ha cesado.

Ese escepticismo se cruza con la nueva estrategia de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien —antes de llegar a la Presidencia— ejerció como abogado defensor de clientes vinculados a estructuras paramilitares y narcotraficantes, y que ahora ha prometido una ofensiva total contra los cárteles, respaldada por un paquete de cooperación en seguridad de mil millones de dólares proveniente de Estados Unidos. El reportaje, sin embargo, advierte con cautela que estrategias similares han fracasado antes en Colombia, y recuerda que el primer día de gobierno de De la Espriella estuvo marcado por dos atentados atribuidos a grupos guerrilleros, que dejaron un policía muerto y varios heridos, un episodio que el propio Nissen interpreta como una señal temprana del costo que podría tener esta nueva fase de la guerra contra el narcotráfico.

Una economía que ya no es marginal

Lo que distingue a este reportaje de tantos otros sobre el narcotráfico colombiano es precisamente su negativa a tratarlo como un problema aislado de zonas rurales o de estructuras criminales lejanas. Al conectar al pandillero de un barrio periférico de Cali con el consumidor de un bar europeo, Nissen construye una cadena de responsabilidades compartidas que trasciende fronteras: la del joven sin oportunidades que termina empuñando un arma a los 15 años, la del campesino que siembra coca bajo amenaza, la del funcionario que mira hacia otro lado, y la del consumidor —cada vez más numeroso y transversal, según la ONU— que sostiene, con cada compra, el negocio ilegal más rentable del país.

El desafío que enfrenta ahora el Gobierno de De la Espriella no es solamente militar o policial. Es, sobre todo, el de romper una economía paralela que —como demuestra el propio Potrero Grande— ha logrado sustituir al Estado allí donde este nunca llegó con empleo real ni con oportunidades. Cambiarle el nombre a un barrio no resuelve eso. Y, como advierte el reportaje, la historia reciente de Colombia sugiere que declarar una nueva guerra contra el narcotráfico es apenas el primer paso de un camino mucho más largo e incierto.