Hay decisiones legislativas que, más que resolver un problema jurídico, terminan destapando las fracturas que una colectividad política prefiere mantener escondidas. Eso fue exactamente lo que ocurrió el 19 de agosto, cuando la Comisión de Acusación de la Cámara votó para pedirle a la Fiscalía que le entregue el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja. La votación no solo reveló, una vez más, una coincidencia incómoda entre uribismo y petrismo: también encendió una disputa pública entre dos de las figuras más visibles del Pacto Histórico, la exministra Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda.

Los cinco votos que inclinaron la balanza

El detalle que más pesa en este episodio es aritmético: el Pacto Histórico es la bancada con más representación en la Comisión de Acusación, así que los votos de Gabriel Becerra, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, David Alejandro Toro y Jorge Bastidas resultaron decisivos para inclinar la balanza a favor de trasladar el proceso al Congreso. El abogado que representa a las víctimas en el caso, Miguel Ángel del Río, no se guardó las palabras: sostuvo que esos representantes terminaron alineados, en la práctica, con el Centro Democrático, y advirtió que el traslado del expediente podría restarle diligencia al esclarecimiento de hechos ocurridos hace casi tres décadas.

Es cierto, sin embargo, que —según reconocen varios congresistas del propio Pacto Histórico consultados por medios especializados— los cinco petristas no tenían los votos suficientes para frenar la proposición, que ya contaba con el respaldo de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y La U. El argumento de fondo, coinciden algunos de sus compañeros de bancada, no debería ser cuántos votos había disponibles, sino qué señal política se envía al votar a favor en lugar de oponerse por coherencia, aunque esa oposición estuviera condenada a perder.

«Pacto de silencio»: el cruce entre Corcho y Cepeda

La reacción más contundente vino de Carolina Corcho, quien calificó lo ocurrido como una propuesta inaceptable de pacto de silencio frente a hechos que dejaron muertes, torturas y desplazamiento masivo. La exministra fue más allá al cuestionar el papel que estaría asumiendo la Comisión de Acusación, una instancia a la que describió como la «comisión de absoluciones», y advirtió que no tiene sentido abrirle a esa célula legislativa un espacio para decidir algo que, en su criterio, le corresponde resolver a la Corte Constitucional de manera evidente.

Cepeda no tardó en responder, y lo hizo marcando distancia de cualquier responsabilidad en la votación. Recordó que ha dedicado buena parte de su vida pública a la defensa de las víctimas de crímenes de Estado, que fue uno de los fundadores del movimiento que agrupa a esas víctimas, y que su equipo jurídico ha insistido reiteradamente en que la competencia debe quedarse en la Fiscalía. Le pidió a Corcho no sumarse a los cuestionamientos que, según él, ya circulan desde sectores de extrema derecha.

La senadora Isabel Zuleta se sumó también a las críticas, advirtiendo que la decisión de sus copartidarios envía a las víctimas una señal de mayor demora en un proceso que llevan décadas esperando que avance, en momentos en que —recordó— la violencia y el desplazamiento siguen golpeando a comunidades enteras en el país.

Entre la coincidencia legislativa y la sospecha política

Los representantes que respaldaron la proposición han insistido en que no existe ningún acuerdo político detrás de su voto y que su decisión responde exclusivamente a una discusión técnica sobre competencias: la Comisión sostiene que parte de la conducta investigada, relacionada con el delito de concierto para delinquir agravado, se habría configurado en 2003, ya en el primer año de gobierno de Uribe como presidente. Ese matiz jurídico —y no una lealtad oculta al uribismo— sería, según ellos, lo que explica su voto.

El problema es que, en política, la explicación técnica rara vez logra apagar la sospecha una vez que se instala. Un representante del propio Pacto Histórico, que pidió reserva de su nombre, fue especialmente crítico al calificar la decisión de incomprensible y señalar que envía un mensaje contrario a lo que la colectividad dice representar en el Congreso. Ese malestar interno, reconocido por varios de sus propios colegas, es quizás el dato más revelador de todo el episodio: no hace falta que la oposición señale la contradicción cuando son los mismos compañeros de bancada quienes la reconocen en privado.

Una fractura que no empezó ni terminará aquí

El choque entre Corcho y Cepeda no es un hecho aislado. Semanas antes, el Pacto Histórico ya había mostrado dificultades para llegar con una posición unificada en la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, un proceso que la propia colectividad había planteado como una prueba de fuego de cara a las elecciones regionales de 2027. Mientras Gustavo Petro impulsaba los nombres de Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, otros sectores de la bancada respaldaban perfiles distintos, como los de Alirio Uribe o Gabriel Bustamante, en una discusión que se extendió por horas y que terminó dejando fuera a varios de los candidatos con respaldo de otras corrientes internas.

Ahora, con el Pacto Histórico ya instalado en el papel de oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella, la colectividad enfrenta el reto de mantener cohesión en frentes que exigirán unidad: la discusión pendiente sobre los nueve artículos de la reforma pensional devueltos por la Corte Constitucional, la resistencia a las contrarreformas que impulsa el nuevo Ejecutivo y, más adelante, la definición de candidaturas propias para las elecciones regionales de 2027. Si el episodio Uribe-Corcho-Cepeda es una muestra de lo que viene, la principal oposición del país tendrá que resolver primero sus propias divisiones internas antes de poder presentarse como una alternativa unificada frente al gobierno de turno.