Hay entidades públicas que se liquidan por decisión política y otras que terminan liquidándose porque, al revisarlas de cerca, resulta imposible sostenerlas. El Ministerio de la Igualdad, creado durante el gobierno de Gustavo Petro, parece pertenecer a esta segunda categoría. Ahora que el Gobierno de Abelardo de la Espriella inició formalmente su proceso de liquidación, bajo la dirección de John Milton Rodríguez, el diagnóstico que ha empezado a conocerse describe una entidad que funcionó, en la práctica, más como una estructura administrativa sobredimensionada que como un vehículo eficaz de política social.

Una ejecución que no llegó ni al 10 %

El primer dato que resume el problema es también el más contundente: la ejecución presupuestal de la entidad no habría superado el 6 %. Es decir, de cada 100 pesos destinados a los programas sociales que justificaban la existencia del ministerio, apenas seis se tradujeron en algo concreto. El resto quedó atrapado en una maquinaria administrativa que, según el diagnóstico oficial, tenía más personas dedicadas a gestionar la burocracia interna que a ejecutar los programas para los que fue creada.

Ese desbalance se refleja también en el Fondo del Ministerio de la Igualdad (Fonigualdad), que funcionaba como una especie de caja menor de la cartera. Allí se habría configurado una nómina paralela por 21.600 millones de pesos, con un director que percibía una remuneración cercana a los 70 millones de pesos mensuales. La junta de ese fondo, integrada originalmente por 12 personas, se reducirá a un esquema de gobierno corporativo de apenas cinco, en un intento por hacer más eficiente —y más controlable— su funcionamiento.

Contratos de última hora

Uno de los episodios que más preguntas genera es la denuncia del representante Julio César Triana, de Cambio Radical, según la cual el Fonigualdad suscribió seis contratos por más de 82.000 millones de pesos apenas días antes de que terminara la administración Petro. Ese tipo de contratación de última hora —común en los cierres de gobierno, pero siempre sospechosa cuando ocurre en entidades con semejante nivel de irregularidad— ya está bajo revisión del nuevo equipo directivo.

A esto se suma un universo de cerca de 707 programas sociales, de los cuales apenas unos 90 estarían realmente en ejecución. Tras la depuración en curso, esa cifra podría reducirse a la mitad: unos 50 programas que sobrevivirían por ser viables, necesarios y correctamente ejecutados, mientras el resto podría trasladarse a los ministerios del Interior, Agricultura y Educación, o simplemente desaparecer. Los recursos que no estén comprometidos deberán regresar al Ministerio de Hacienda, en un ejercicio que busca, ante todo, recuperar plata pública que hoy nadie parece poder explicar con claridad.

El costo humano de una liquidación

No todo en este proceso es cifra fría. Cerca de 500 trabajadores provisionales quedan en el centro de la transición, de los cuales alrededor de 300 alegarían algún tipo de estabilidad laboral reforzada. El reto para el Gobierno será distinguir, caso por caso y con el apoyo de las ARL, quiénes cumplen efectivamente con los requisitos legales para esa protección y quiénes no, evitando tanto el atropello laboral como el uso indebido de esa figura para blindar cargos que no deberían sostenerse. A esa complejidad se suma una avalancha cercana a mil trámites jurídicos —derechos de petición, tutelas, solicitudes de revisión—, en su mayoría relacionados con temas de nómina, y el riesgo latente de demandas por desvinculaciones mal tramitadas durante la administración anterior.

La pregunta que nadie ha respondido: ¿dónde estaba el control?

Quizás el hallazgo más incómodo de todo este proceso no tiene que ver con el ministerio en sí, sino con quienes debían vigilarlo. Los estados financieros de la entidad presentan retrasos de entre tres y cuatro meses, lo que obliga a poner al día la contabilidad antes de siquiera poder auditar con rigor lo ocurrido. Y sobre ese vacío se levanta una pregunta que debería incomodar a más de uno: ¿por qué la Contraloría General no advirtió nada mientras esta situación se gestaba? Una entidad con una ejecución del 6 %, una nómina paralela millonaria y contratos sospechosos suscritos a última hora no debería haber pasado desapercibida para el organismo encargado de vigilar el uso de los recursos públicos.

Lo que viene

El Gobierno ha sido claro en un punto que conviene subrayar: no se trata de una cacería política, sino de un ejercicio de depuración que busca proteger tanto a los verdaderos beneficiarios de los programas sociales como a los funcionarios que actuaron correctamente. Quienes no lo hicieron, ha advertido el propio presidente, serán denunciados ante la justicia, incluso si en el camino aparecen nombres de congresistas o sectores políticos vinculados a algunos de estos programas.

La liquidación del Ministerio de la Igualdad terminará siendo, más que un simple trámite administrativo, una radiografía de cómo se diseñó y se ejecutó —o se dejó de ejecutar— una de las apuestas insignia del gobierno anterior. Y en esa radiografía hay una lección que trasciende los colores políticos: crear una entidad con buenas intenciones no es garantía de que funcione, y la ausencia de control oportuno termina costando, tarde o temprano, en plata y en credibilidad institucional.