El debate sobre el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2025 continúa generando controversia en el ámbito político y de salud en Colombia. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha estado en el centro de las críticas luego de la decisión del gobierno Petro de incrementar el porcentaje de la UPC, un concepto clave que define el valor anual que se le otorga a cada afiliado del sistema de salud en Colombia.

Ayer, Jaramillo reconoció la crítica situación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), muchas de las cuales están en una crisis económica que pone en peligro la calidad del servicio. En sus declaraciones, el ministro indicó que “tenemos las EPS en cuidados intensivos” y destacó que es necesario ayudarles para que puedan convertirse en entidades que realmente aseguren la salud de la mano del Gobierno. No obstante, Jaramillo también insistió en que no se pretende liquidar las EPS intervenidas, ya que ello generaría un vacío en la cobertura de salud y no habría quién respondiera por las deudas acumuladas.

La controversia sobre el aumento de la UPC, sin embargo, sigue siendo uno de los temas más debatidos. La Procuraduría General de la Nación ha solicitado nuevamente al ministro Jaramillo explicaciones detalladas sobre el proceso técnico y las justificaciones que sustentaron el incremento de la UPC para 2025. Según la Procuraduría, el Ministerio debe explicar cómo se estimó el pago por capitación, qué elementos se tuvieron en cuenta para calcular este aumento y cómo se incorporaron aspectos como los cambios demográficos y epidemiológicos, así como las cifras de inflación y frecuencia.

El aumento de la UPC, que tiene un impacto directo en las EPS y en el funcionamiento del Plan Obligatorio de Salud (POS) en los regímenes contributivo y subsidiado, ha sido cuestionado por varias organizaciones. Asociaciones de usuarios y pacientes, junto con algunos exfuncionarios del gobierno Petro, han criticado el ajuste por considerar que no es suficiente para cubrir la creciente demanda de servicios de salud. En este contexto, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, se pronunció en redes sociales, indicando que el aumento es “insuficiente” y afectará principalmente a clínicas y hospitales, que verán reducida su capacidad para ofrecer atención de calidad.

La Procuraduría, en su solicitud, también ha pedido detalles sobre las reuniones y el proceso técnico que respaldan la decisión, además de si se implementaron mecanismos de retroalimentación y análisis para garantizar que las EPS, tanto del régimen contributivo como subsidiado, pudieran aportar datos representativos y adecuados. La intervención de la Procuraduría tiene como objetivo garantizar que la reforma al sistema de salud cumpla con los principios de sostenibilidad y suficiencia establecidos en la Ley Estatutaria de Salud.

La situación actual de las EPS, con algunas de ellas en una crisis financiera, ha puesto de manifiesto la necesidad de replantear el modelo de financiamiento del sistema de salud en Colombia. Mientras tanto, el ministro Jaramillo y las autoridades del Ministerio de Salud se enfrentan a un creciente malestar en varios sectores que consideran que el aumento de la UPC no es suficiente para hacer frente a los desafíos del sistema.

En medio de estas tensiones, la Procuraduría continúa su seguimiento al proceso para asegurar que se cumpla con los principios de equidad y eficiencia en el sistema de salud, que afecta a millones de colombianos.