A seis días de la primera vuelta presidencial, el debate ya no gira únicamente alrededor de los candidatos. También se concentra en el papel que está jugando el presidente Gustavo Petro en la campaña electoral y en una pregunta que cada vez cobra más fuerza: ¿está interviniendo indebidamente en política?

Las señales son cada vez más evidentes. Trinos, discursos, mensajes simbólicos, fotografías de cierres de campaña y referencias constantes a la contienda electoral han terminado por encender las alarmas entre analistas, juristas y organismos de control. Aunque el mandatario evita en muchos casos mencionar directamente a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, el contexto político de sus pronunciamientos deja poco espacio para la interpretación.

El más reciente episodio ocurrió cuando Petro compartió imágenes del cierre de campaña de Cepeda en la Plaza de Bolívar y destacó que solo dos líderes habían logrado llenar ese escenario: él mismo e Iván Cepeda. Más que un comentario anecdótico, el mensaje fue interpretado por varios sectores como una validación política explícita en favor del candidato oficialista.

No es un hecho aislado. Durante las últimas semanas el Presidente ha multiplicado sus intervenciones públicas sobre el proceso electoral. Ha cuestionado a candidatos opositores, ha defendido la continuidad de su proyecto político y, en algunos casos, ha utilizado expresiones como “ganamos nosotros las elecciones”, una frase difícil de desligar de la disputa presidencial en curso.

La controversia no es menor. La Constitución colombiana prohíbe que los servidores públicos utilicen su investidura para favorecer campañas o candidatos. La razón es sencilla: quien ejerce la Presidencia no solo representa a sus votantes, sino a la totalidad de los colombianos. La neutralidad institucional es una garantía fundamental para la democracia.

Sin embargo, el problema no radica únicamente en la posible infracción jurídica. El asunto es mucho más profundo. Cuando el jefe de Estado interviene en medio de una campaña electoral, se rompe el equilibrio entre los competidores y se envía un mensaje poderoso a toda la estructura estatal. Gobernadores, alcaldes, funcionarios y contratistas entienden rápidamente cuál es la preferencia política del Gobierno.

Por eso no sorprende que las críticas hayan llegado desde distintos sectores ideológicos. Expertos en derecho electoral, exregistradores, académicos y organizaciones de observación electoral coinciden en que el Presidente debería mantener una distancia prudente frente a la contienda.

La reacción de Claudia López confirma que el tema ya trascendió el debate mediático. La candidata anunció denuncias disciplinarias, penales y solicitudes de medidas cautelares ante instancias internacionales, argumentando una intervención sistemática del mandatario en la campaña.

Mientras tanto, la Procuraduría ya investiga a funcionarios del Gobierno por presunta participación en política. La embajadora de Colombia en Haití fue suspendida por elogiar públicamente a Iván Cepeda y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, enfrenta una investigación por sus declaraciones invitando a votar durante un acto oficial.

La pregunta inevitable es por qué las mismas exigencias parecen no aplicarse con la misma contundencia al Presidente. La respuesta está en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, una entidad históricamente cuestionada por la lentitud y escasa efectividad de sus investigaciones contra mandatarios y altos funcionarios.

En la práctica, Petro parece moverse en una zona de impunidad política donde las advertencias abundan, pero las consecuencias son escasas.

La discusión, sin embargo, va más allá de Gustavo Petro. Se trata de una reflexión sobre los límites del poder en una democracia. Si la prohibición de participar en política depende únicamente de la voluntad del gobernante de turno, entonces deja de ser una norma efectiva y se convierte en una simple recomendación.

A pocos días de que los colombianos acudan a las urnas, el país enfrenta una paradoja incómoda: mientras las instituciones exigen neutralidad a funcionarios de segundo nivel, el debate se concentra en si el propio jefe de Estado está respetando las reglas que juró defender.

La democracia no solo se pone a prueba en las urnas. También se mide en la capacidad de quienes ejercen el poder para aceptar límites, incluso cuando esos límites les resultan incómodos. Y hoy, más que nunca, esa discusión está sobre la mesa.