En el ajedrez electoral de Colombia, los movimientos de última hora rara vez obedecen a la iluminación ideológica; casi siempre son el resultado del frío cálculo de supervivencia. El anuncio de este lunes, a menos de una semana de que los colombianos acudan a las urnas para la primera vuelta presidencial, es el vivo ejemplo de ello. Carlos Caicedo Omar, líder natural de Fuerza Ciudadana, desmontó su lánguida candidatura presidencial para lanzarse en paracaídas sobre la campaña de Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.

El anuncio fue presentado con la acostumbrada lisonja retórica de la izquierda: se habla de una «Alianza por la Vida», de la urgencia de «unificar las vertientes alternativas» junto a figuras como Luis Gilberto Murillo y Clara López, y del imperativo ético de derrotar en primera vuelta a los candidatos de la derecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Sin embargo, tras la fachada del desprendimiento patriótico y la unidad programática, lo que se vislumbra en los pasillos políticos es una jugada de distracción de alta costura judicial.

La sombra ineludible de Mamatoco

Para entender la «jugadita» de Caicedo, no hay que mirar las encuestas —donde el exgobernador del Magdalena figuraba con un invisible 0% de intención de voto—, sino los estrados judiciales. Hace apenas tres días, en un juzgado de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación cerró su trampa jurídica al solicitar formalmente una sentencia condenatoria en su contra por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin requisitos legales.

Los datos del expediente: El proceso contra Caicedo se remonta a su alcaldía en Santa Marta (2012-2015) por irregularidades que superan los $6.900 millones de pesos destinados a la modernización del puesto de salud de Mamatoco, dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y tres ludotecas. Hoy, esas obras son recordadas como vergonzosos «elefantes blancos».

Con un fallo en primera instancia a la vuelta de la esquina, Caicedo enfrenta la aplicación del Artículo 122 de la Constitución: la pérdida definitiva de sus derechos políticos, la temida «muerte política». Ante ese abismo, la campaña presidencial ya no era una ruta al poder, sino un estorbo.

El manual del blindaje político

Al adherirse a la campaña de Iván Cepeda, Caicedo activa un mecanismo clásico de la política criolla: el blindaje por asociación. El cálculo estratégico es redondo y se divide en tres frentes:

• Control de daños: Transforma una derrota aplastante e inevitable en las urnas en un supuesto «acto de grandeza y desprendimiento» en favor de la unidad del progresismo.

• La narrativa de la persecución: Si el Juez Noveno Penal del Circuito de Bogotá lo condena en los próximos días, Caicedo y su defensa ya no hablarán de corrupción o de puestos de salud en ruinas; alegarán ante la opinión pública y organismos internacionales que se trata de un «ataque judicial coordinado» para frenar al nuevo aliado clave del Pacto Histórico.

• Supervivencia de estructura: Sabiendo que los recursos de apelación pueden dilatar la ejecución de la condena por meses, Caicedo entrega el fortín y el caudal electoral que aún retiene en el Magdalena a cambio de asegurar un espacio de influencia para Fuerza Ciudadana en un eventual gobierno de Cepeda.

El dilema ético de Iván Cepeda

Para Iván Cepeda, recibir el «salvavidas» de Caicedo es un negocio de alto riesgo y un arma de doble filo. En el mapa estrictamente electoral, el Pacto Histórico consolida el monopolio del voto alternativo en el Caribe, una región geográfica que históricamente define presidentes y que resulta vital para frenar el avance de la derecha.

Sin embargo, el costo ético es altísimo. Sus detractores ya han empezado a cobrarle la inconsistencia de enbanderarse en la lucha frontal contra la corrupción y el clientelismo, mientras abraza en la tarima principal a un dirigente acorralado por el desvío de recursos públicos.

A escasos días de que se abran las urnas este 31 de mayo, el país político asiste a un doble veredicto: el de los ciudadanos en los cubículos de votación, y el de los jueces en los tribunales. Queda por ver si la jugada del Caribe logra salvar a Caicedo de la cárcel o si termina por hundir la coherencia discursiva del proyecto de Iván Cepeda.