Antes de la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros en Colombia, el presidente Gustavo Petro fue advertido sobre los posibles problemas que traería la transformación. La alerta fue emitida por dos altos funcionarios de la Fiduprevisora, Mauricio Marín y Daniela Andrade Valencia, quienes se reunieron con el mandatario para manifestar sus preocupaciones sobre la improvisación en la ejecución del plan.

Reuniones de alerta y presiones ministeriales

Durante el encuentro, Andrade incluso llegó a llorar mientras pedía que se otorgara más tiempo para realizar una transición organizada. Sin embargo, las advertencias fueron ignoradas y el modelo se implementó con fallas evidentes, lo que generó desabastecimiento de medicamentos y protestas en varias regiones del país.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, fue señalado por ejercer presión para acelerar los cambios. En grabaciones obtenidas de reuniones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), Jaramillo instruyó sobre la selección de prestadores de servicios y medicamentos. En una de sus declaraciones aseguró: “Después arreglamos”, refiriéndose a la facturación y dispensación de fármacos, lo que dejó dudas sobre la transparencia del proceso.

El fracaso del nuevo modelo

El cambio en el sistema de salud del magisterio, que eliminó la intermediación y buscó facilitar las autorizaciones médicas, resultó ser un fracaso. Clínicas y hospitales previamente contratados fueron excluidos, mientras que las nuevas instituciones seleccionadas no lograron atender a los pacientes de manera adecuada. El descontento de los maestros y el sindicato de Fecode no tardó en manifestarse, ya que las condiciones de atención se deterioraron gravemente.

Denuncias sobre contratos irregulares

Fuentes cercanas al proceso revelaron que el ministro Jaramillo habría recomendado la contratación de ciertas IPS en Huila y Tolima, región de la que es oriundo. Específicamente, solicitó que se asignara la red de servicios a Abel Sepúlveda, excombatiente del M-19 y propietario de Emcosalud, así como un contrato para ComfaGuajira, entidad intervenida por el Gobierno.

Según estas denuncias, el ministro buscaba favorecer a ciertos prestadores con el fin de asegurar el apoyo político en la Comisión Séptima, la cual discute la reforma a la salud. Una fuente afirmó estar dispuesta a ratificar estas acusaciones ante las autoridades judiciales.

Las renuncias y la crisis interna

Debido a las irregularidades y el fracaso del modelo, Daniela Andrade renunció a su cargo y fue reubicada en una notaría sin explicación aparente. Mauricio Marín también dejó su puesto en medio de una fuerte disputa con el ministro Jaramillo, lo que ha profundizado las tensiones dentro del Gobierno.

El presidente Petro, en recientes declaraciones, culpó a Marín por los problemas en la implementación del nuevo modelo y aseguró que el Gobierno no es responsable de las fallas. No obstante, las evidencias indican que las alertas fueron presentadas directamente al mandatario, sin que se tomaran medidas para corregir el rumbo de la reforma.

Mientras tanto, el sistema de salud de los maestros, con más de 890.000 afiliados, sigue en crisis, con un alto número de quejas y dificultades para la atención de enfermedades de alto costo como el cáncer. La incertidumbre persiste sobre el futuro de la reforma y sus consecuencias para el sistema de salud en general.