La entrega de armas y la firma de acuerdos en Nariño representan un hito para la política de Paz Total, pero también abren interrogantes sobre la sostenibilidad del proceso y la capacidad del Estado para transformar los territorios.

Columna:

El 5 de abril de 2025, en Pasto, Nariño, el gobierno de Gustavo Petro logró uno de los hitos más simbólicos de su ambiciosa política de Paz Total: la firma de acuerdos con el grupo armado Comuneros del Sur, otrora parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y la entrega de una tonelada de armas y explosivos. Más allá de la imagen impactante de la destrucción del arsenal bélico, el acto es un mensaje político potente que busca darle oxígeno a un proceso que ha sido criticado por sus altibajos y la lentitud de su implementación.

La narrativa del Gobierno es clara: «Bienvenidos a la paz», escribió el presidente en sus redes, mientras ordenaba personalmente la destrucción del material de guerra. Con esta declaración, Petro intenta posicionar la entrega de armas como un éxito tangible de su administración, un contraste evidente frente a los pesimistas que consideran que la Paz Total no ha logrado materializar avances concretos.

No obstante, el camino por recorrer es largo y está lleno de desafíos estructurales. La firma de los acuerdos 6 y 7, centrados en la construcción de la memoria histórica y la sustitución de cultivos de uso ilícito, es apenas el inicio de un proceso complejo. Estas firmas abren una nueva etapa que exigirá del Gobierno algo más que simbolismos: requiere una transformación real del territorio, acompañamiento institucional y, sobre todo, voluntad política sostenida.

La Defensoría del Pueblo fue clara en su comunicado: «Cada mina, mortero y granada que se destruye representan vidas que se salvan». Es una afirmación irrefutable. Sin embargo, también subrayaron la importancia de la reintegración de los excombatientes, la desvinculación de menores del conflicto y la necesidad urgente de continuar con el desminado humanitario. Sin estos elementos, el proceso corre el riesgo de quedarse en el plano de la retórica.

La política de Paz Total, una de las banderas más visibles del mandato de Petro, se juega mucho en regiones como Nariño. Estos acuerdos tienen el potencial de convertirse en un ejemplo replicable, pero también podrían ser usados por sus detractores como evidencia de un esfuerzo aislado si no se acompaña de inversiones robustas en desarrollo rural, garantías de seguridad para las comunidades y la implementación de justicia transicional.

Las palabras de Royer Garzón, uno de los voceros de los Comuneros del Sur, fueron claras: «Nos rehusamos a volver a la guerra». El desafío para el Gobierno será convertir esta declaración de voluntad en una realidad irreversible. Para ello, necesita garantizar que los territorios hoy liberados del dominio de las armas no caigan nuevamente en el abandono o en manos de nuevos actores armados.

Por su parte, voces experimentadas como la de Juan Fernando Cristo han advertido sobre la urgencia de avanzar en la implementación del Pacto Nariño y de fortalecer los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin estos esfuerzos, la paz será frágil y transitoria.

En resumen, la entrega de armas por parte de los Comuneros del Sur es una victoria política innegable para el Gobierno Petro. Pero más allá de las ceremonias y las fotografías, el éxito de la Paz Total dependerá de la capacidad del Estado para ocupar de manera legítima los espacios que deja la guerra. De la voluntad del Gobierno, pero también de la participación activa de las comunidades y de la persistencia en un proceso que, como la historia lo demuestra, siempre será más largo de lo que sus impulsores desean.