Una Ley Necesaria, Una Realidad Contradictoria: La Violencia Política Contra las Mujeres en Colombia

Colombia por fin cuenta con una ley que busca enfrentar una de las violencias más normalizadas y peligrosas en el ejercicio público: la violencia política contra las mujeres. La Ley 2453 de 2025, sancionada recientemente por el presidente Gustavo Petro, es un paso crucial para garantizar que las mujeres puedan participar en política sin ser objeto de acoso, amenazas, ni persecución por razones de género. Sin embargo, la aplicación de esta norma no ha podido escapar de la ironía amarga de la realidad política colombiana.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca y una de las voces más experimentadas en la política regional, no tardó en advertir que esta ley, aunque necesaria, es apenas el comienzo. Ella misma ha enfrentado la embestida de un sistema que históricamente ha querido excluir a las mujeres de los espacios de poder. En un llamado emotivo, recordó que esta lucha no es solo de las mujeres que hoy están en cargos públicos, sino de todas las que vendrán, por un país que respete la fuerza de sus lideresas. Toro destacó que esta ley debe ir acompañada de un profundo cambio cultural que erradique la normalización de la violencia, muchas veces amplificada por las redes sociales. Porque no se trata solo de castigar la agresión, sino de desarmar los prejuicios que la sostienen.

En el Congreso, la representante Catherine Juvinao, una de las ponentes clave de la ley, ha sido igualmente enfática: la política no debe ser un ambiente hostil para las mujeres. Citando cifras alarmantes —como que el 64% de las mujeres en cargos de elección popular han sido víctimas de violencia política—, Juvinao ha subrayado que este es un problema estructural que requiere no solo legislación, sino voluntad política y compromiso institucional para crear espacios seguros y equitativos. Ella ha insistido en que esta ley es un paso histórico, pero que su efectividad dependerá de cómo se aplique y, sobre todo, de la valentía para denunciar sin miedo.

Paradójicamente, apenas un día después de sancionada la ley, la senadora Nadia Blel —quien, además, es una de las legisladoras que ha trabajado activamente por los derechos de las mujeres— fue víctima directa de aquello que la nueva norma busca erradicar. Manifestantes, instigados desde sectores cercanos al Gobierno, llevaron la protesta hasta la puerta de su casa, atacándola con gritos e insultos por su voto contra la reforma laboral. Lo alarmante no es solo la protesta, sino que esta se trasladara al espacio íntimo y familiar de la senadora, en presencia de su hijo pequeño, profanando el principio básico de la democracia: el respeto por la vida privada.

Blel, autora de varias leyes emblemáticas en defensa de la niñez, la salud y los derechos de las mujeres, quedó expuesta a una violencia simbólica y personal que debería encender todas las alarmas. Porque, como bien establece la nueva ley, la violencia política contra la mujer no distingue de afinidades ideológicas. Se trata de cualquier acción que, motivada por razones de género, cause daño a una mujer en ejercicio de sus funciones públicas.

La nueva ley plantea medidas concretas: rutas claras de denuncia, protocolos de atención, reformas internas en los partidos políticos y acompañamiento legal por parte de entidades como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Además, se contempla la creación de un mecanismo que recopile casos y denuncias, visibilizando la magnitud del fenómeno.

Sin embargo, como bien demuestran los recientes hechos, la existencia de la ley por sí sola no basta. La violencia política contra las mujeres no se combate solo desde el papel; necesita, sobre todo, coherencia desde el poder, respaldo firme de las instituciones, y una sociedad civil que no tolere que las discrepancias políticas se conviertan en ataques personales y familiares.

La situación de Nadia Blel es un recordatorio doloroso de que aún queda mucho por hacer. Como señala el espíritu de la ley, este no es un tema de partidos ni de ideologías: es una causa de país. Proteger a las mujeres que hacen política es defender la democracia misma. Porque hoy fue Nadia, pero mañana puede ser cualquier otra.