Un nuevo escándalo de corrupción ha sacudido al gobierno de Gustavo Petro y al sistema judicial colombiano. La elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional estaría involucrada en una red de sobornos y manipulación, según revelaciones exclusivas de la revista SEMANA.

La acusación principal proviene de Sandra Ortiz, quien fue consejera presidencial para las regiones durante el mandato de Petro. Ortiz, actualmente detenida en la Estación de Carabineros de la Policía, ha confesado ante la Fiscalía que se realizaron pagos ilegales con dinero proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), destinados a asegurar la elección de Fernández como magistrado en la Corte Constitucional.

Un desayuno clave: 13 de octubre de 2023

El 13 de octubre de 2023, cuatro días antes de la votación en el Senado, Sandra Ortiz organizó un desayuno en la oficina del entonces presidente del Senado, Iván Name. Este encuentro fue crucial para garantizar que la elección de Fernández como magistrado se llevara a cabo sin obstáculos. Además de Ortiz y Name, asistieron Vladimir Fernández, quien en ese momento era secretario jurídico del gobierno, y Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Según los testimonios y los mensajes de WhatsApp revelados, en ese desayuno se acordó un pacto corrupto: Name recibiría sobornos a cambio de incluir la elección de Fernández en el orden del día de la sesión plenaria del Senado. Además, Sandra Ortiz se comprometió a completar un pago pendiente de 1.500 millones de pesos, parte de los fondos desviados de la UNGRD.

La trama de los pagos

La conexión entre los pagos y la elección de Fernández quedó evidenciada en los intercambios de mensajes entre los implicados. Sandra Ortiz le envió a Iván Name los 1.500 millones restantes, luego de un primer pago de la misma cantidad que se habría entregado el día anterior, el 12 de octubre. Este dinero, según Ortiz, provenía de la UNGRD, y su destino era asegurar no solo el respaldo para la elección de Fernández, sino también la tramitación de reformas clave del gobierno en el Congreso.

El 13 de octubre, la misma jornada en la que se acordó el pago, Name envió un documento a Ortiz con el “orden del día” para la plenaria del Senado, que finalmente incluiría la votación para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Fernández, cuya elección parecía estar en riesgo debido a los retrasos en el Congreso, vio cómo su candidatura fue incluida en la agenda con el apoyo de Name, quien a su vez recibió la compensación prometida.

La elección en el Senado

La votación en el Senado para elegir al reemplazo del magistrado Alejandro Linares se llevó a cabo el 17 de octubre de 2023. Con una amplia mayoría de 88 votos, Vladimir Fernández fue elegido para ocupar un puesto en la Corte Constitucional, superando a Cielo Rusinque (2 votos) y Gerardo Vega (1 voto).

Tras la elección, Fernández expresó su agradecimiento a Sandra Ortiz por su apoyo, aunque las circunstancias detrás de su ascenso permanecen manchadas por las acusaciones de corrupción. A través de un mensaje de audio enviado el mismo día de su elección, Fernández agradeció a Ortiz: “Gracias por todo tu apoyo de verdad. Te la debo”.

La denuncia de Sandra Ortiz

Sandra Ortiz ha sido una pieza clave en este escándalo de corrupción, entregando a la Fiscalía una matriz de colaboración que incluye pruebas contra Fernández, Name y González. Ortiz está buscando un principio de oportunidad con inmunidad total por su involucramiento en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, en espera de que la Fiscalía proceda con las investigaciones.

Sin embargo, la investigación está siendo retrasada de manera sospechosa. Según diversas fuentes, la Fiscalía parece renuente a avanzar en el caso que involucra a Fernández, lo que ha generado inquietud sobre posibles presiones políticas detrás de este estancamiento.

La relación de Fernández con el presidente Petro

Vladimir Fernández, cercano al presidente Petro, ha sido descrito por varios magistrados como un «abogado» del gobierno dentro de la Corte Constitucional. Además, algunos funcionarios de la Corte han señalado que Fernández parece actuar más como un «lobista» que como un magistrado imparcial, en particular en casos que involucran al presidente y su gobierno.

Este tipo de vínculos ha alimentado las sospechas de que la Corte Constitucional, bajo la influencia de Fernández, podría estar tomando decisiones que favorezcan los intereses del presidente Petro, en lugar de actuar de manera independiente. La situación se complica aún más con las denuncias de vigilancia y posibles escuchas ilegales a los magistrados, que también involucran a Fernández.

Un entorno de alta tensión

La llegada de Fernández a la Corte Constitucional ha generado un ambiente tenso y dividido dentro del tribunal. Varios magistrados han expresado su preocupación por la creciente influencia de Fernández en las decisiones del máximo tribunal. Su cercanía con la Casa de Nariño ha alimentado los rumores de que la Corte está perdiendo su independencia.

Además, en un contexto de creciente tensión política, Fernández se ha visto involucrado en otros escándalos, como la suspensión temporal de una investigación en el Consejo Nacional Electoral sobre la financiación de la campaña de Petro, lo que ha aumentado la desconfianza hacia su figura.

Conclusión

El escándalo de corrupción que involucra a Vladimir Fernández, Sandra Ortiz, Iván Name y Carlos Ramón González está en el centro de un debate más amplio sobre la corrupción en el gobierno de Gustavo Petro y la independencia de la Corte Constitucional. A pesar de las pruebas entregadas por Ortiz y la gravedad de las acusaciones, la investigación parece avanzar lentamente, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad de las autoridades encargadas de investigar este caso. El país exige respuestas y transparencia en este escándalo que amenaza con empañar la imagen del sistema judicial colombiano.