En una reciente conferencia en la Universidad Militar Nueva Granada, el expresidente Juan Manuel Santos lanzó una de las críticas más duras que ha recibido el Gobierno de Gustavo Petro: lo acusó de haber “organizado a las disidencias” de las FARC como parte de su controvertida política de “Paz Total”. Santos, arquitecto del Acuerdo de Paz de 2016 y premio Nobel, no es un opositor cualquiera. Su voz tiene peso político e histórico.

Según Santos, el primer comisionado de paz del gobierno, Danilo Rueda, utilizó recursos del Estado para transportar cabecillas criminales al Yarí, donde habrían sido reconocidos como el «Estado Mayor Central» de las FARC. Lo que para el Gobierno fue un intento de diálogo, para Santos fue la institucionalización de un actor ilegal.

Ante semejante señalamiento, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió con contundencia: “Jamás el Gobierno ha organizado a las disidencias”. Añadió que no solo se ha enfrentado militarmente a estos grupos, sino que más de 10.000 integrantes de estructuras criminales han sido neutralizados en esta administración. El Gobierno defiende su estrategia afirmando que, lejos de unificar, ha contribuido a dividir las estructuras armadas ilegales.

Pero más allá del debate semántico, lo que está en juego es la legitimidad de una política que, si bien es noble en su intención de buscar la paz, parece fracturada en su ejecución. ¿Es prudente otorgar estatus político a quienes siguen delinquiendo? ¿Puede el diálogo con fusiles al hombro traer una paz duradera?

Santos también criticó duramente el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas y la caída del pie de fuerza en más de 50.000 hombres. En momentos en que la violencia del ELN, las disidencias y el Clan del Golfo está al alza, ¿es sensato restar capacidad operativa a quienes deben contener el crimen?

La política de Paz Total requiere un equilibrio que no siempre se está logrando. En la práctica, parece abrir espacios al crimen organizado, mientras genera la percepción de debilidad del Estado.

El Gobierno tiene razón en buscar nuevas formas de resolver el conflicto, pero también debe asumir que los errores estratégicos tienen consecuencias. El país necesita claridad: ¿Quién manda, el Estado o los armados?