La reciente imputación de cargos a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), marca un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción que sacude al Gobierno del cambio. La Fiscalía ha sido contundente: lo señala como determinador de hechos de peculado, cohecho y lavado de activos en la trama que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Más allá de las acusaciones judiciales —que González ha calificado como “calumnias”— lo que realmente llama la atención es la lectura política que se desprende del proceso. La Fiscalía, con detalle quirúrgico, ha esbozado el perfil de un hombre con influencia profunda y conexiones de alto calibre: Gustavo Petro, Claudia López, Jorge Iván Ospina. Todos aliados estratégicos en momentos clave del ascenso del progresismo colombiano.

¿Está la Fiscalía juzgando a un hombre o está sentando las bases para cuestionar a todo un proyecto político?

La trayectoria de Carlos Ramón González, desde su militancia en el M-19 hasta su liderazgo en la Alianza Verde y su paso por el Dapre, lo convierte en una figura clave dentro del entramado de poder del actual gobierno. No se trata de un funcionario más: estamos hablando de un operador político, un constructor de alianzas, una bisagra entre las instituciones y los movimientos alternativos.

Pero la gran pregunta que debería preocuparnos a todos —más allá de colores políticos— es si estamos ante una justicia que actúa con independencia o si este proceso judicial puede terminar instrumentalizado en medio de la polarización política actual.

González tendrá que defenderse, como corresponde, ante los tribunales. Pero el país también debe exigir garantías: ni linchamientos anticipados, ni impunidad protegida por afinidades ideológicas.

Lo que está en juego no es solo la reputación de un hombre, sino la credibilidad de la lucha contra la corrupción en un momento en que el Estado enfrenta serios desafíos de legitimidad.

¿Será este el comienzo del fin para un engranaje clave del petrismo o una demostración de que nadie está por encima de la ley? La justicia, si es justa, tendrá la última palabra.