Por estos días, los audios y revelaciones sobre el congresista David Racero han encendido las alarmas en torno a la politización del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Racero, del Pacto Histórico, aparece en grabaciones filtradas discutiendo la manera de ubicar fichas políticas en cargos directivos de la entidad, no por mérito ni trayectoria, sino por conveniencia y repartija burocrática. La Procuraduría ya abrió indagación disciplinaria tanto contra él como contra el director general del SENA, Jorge Londoño, del partido Alianza Verde, por lo que parecen ser prácticas de clientelismo descarado y concertado.

La evidencia, expuesta inicialmente por el periodista Daniel Coronell, muestra un patrón claro: se estarían usando las subdirecciones regionales del SENA como monedas de cambio político, como si fueran oficinas privadas de contratación partidista. Racero habla de “poner a los nuestros” y de priorizar tanto a gente interna como externa, dependiendo del acuerdo político que se pacte. Es decir, una operación sistemática de cooptación del Estado desde lo público para beneficios partidistas, todo bajo la bandera del “cambio”.

Pero esto no es un caso aislado. Lo que ocurre en el nivel central se repite y agrava en las regiones. En el Valle del Cauca, por ejemplo, la situación raya en lo grotesco. Según denuncias de SINDESENA y diversos trabajadores, en el Centro Agropecuario de Buga, se está llevando a cabo una verdadera masacre laboral, donde alrededor de 130 contratistas serían desplazados para dar paso a cuotas politiqueras del Partido Verde, en cabeza del representante Duvalier Sánchez.

Todo esto con el silencio cómplice del director Jorge Eduardo Londoño, también del Verde, quien se mantiene impasible mientras se reparten cargos como si fueran fichas de dominó. Testimonios que piden anonimato por temor a represalias hablan de frases que circulan por los pasillos como: “tenemos que sacar a estos para meter a los del partido” o “no podemos dejar a éste por fuera porque viene recomendado por…”. Lo que debería ser un proceso técnico y transparente para seleccionar talento en formación profesional se ha convertido, presuntamente, en un aquelarre politiquero, como bien lo califican algunos trabajadores del SENA.

Y no es solo en Buga o Tuluá. En Boyacá, Tolima, Caldas, Cundinamarca y Santander, también hay denuncias sobre la llegada de fichas políticas impuestas sin respetar la trayectoria de los equipos existentes ni los procesos meritocráticos que en algunos casos acababan de realizarse. Esto no es gobernar; esto es cooptar una institución con músculo presupuestal (más de $4 billones anuales) para fines electorales y de control territorial.

Lo más indignante es que muchos de los involucrados en estas prácticas vienen de movimientos “alternativos”, que desde la oposición pregonaban la lucha contra la politiquería, el clientelismo y la corrupción. Hoy, con el poder en sus manos, parecen no solo haber adoptado esas viejas prácticas, sino haberlas perfeccionado. Es triste ver cómo el discurso del cambio se convierte en una fachada para la rapiña burocrática.

En este contexto, ni un solo congresista del Valle del Cauca, sin importar el partido, ha alzado la voz ante lo que ocurre en el SENA de Tuluá. El silencio ha sido total. Ni oposición ni oficialismo dicen nada, como si todos compartieran el mismo pacto de impunidad. La dirigencia nacional y regional del Partido Verde guarda silencio, como si las denuncias fueran humo sin fuego. Pero las víctimas, los contratistas desplazados sin explicación, los equipos desmantelados, los instructores con décadas de experiencia arrinconados por no tener padrino político, sí sienten el incendio.

En su momento, SINDESENA ha sido claro: el mérito, la experiencia y la dignidad del trabajo deben primar. Hoy, esas banderas están siendo pisoteadas por quienes deberían defenderlas. La pregunta es, ¿hasta cuándo toleraremos que el SENA, una de las entidades más queridas y estratégicas del país, se convierta en botín de politiqueros, reciclados o alternativos?

Y mientras todo esto pasa, el director general Jorge Londoño, bien gracias. Como dice la canción de Shakira: ciego, sordo, mudo. No ve, no escucha, no habla. Pero sí reparte.