La visita del presidente Gustavo Petro a Medellín el sábado 21 de junio no solo estuvo marcada por los actos culturales y los discursos institucionales, sino también por la polémica presencia en tarima de voceros de la llamada “mesa de paz urbana” de la cárcel de Itagüí, varios de ellos condenados como cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.

Aunque desde el Gobierno se ha defendido esta aparición como un gesto de inclusión dentro del proceso de “paz total”, el hecho ha desatado críticas entre sectores políticos y ciudadanos que cuestionan la legitimidad y los riesgos de dar protagonismo público a personas que, en el pasado reciente, han estado al mando de organizaciones responsables de extorsiones, homicidios, desplazamientos y reclutamiento de menores.

La senadora Isabel Zuleta, quien lidera el acompañamiento a estas negociaciones desde el Congreso, confirmó que los miembros de la mesa fueron autorizados para intervenir en el evento y que, incluso, algunos estuvieron junto al presidente Petro en la tarima. Según Zuleta, los propios voceros eligieron a sus representantes, en lo que ella calificó como “un ejercicio de diálogo con sociedad civil y gobierno”. No obstante, para muchos, el simbolismo del acto resulta problemático: ¿hasta qué punto se puede hablar de construcción de paz cuando quienes toman el micrófono son figuras asociadas al crimen organizado?

Uno de los más visibles fue Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, condenado a 14 años por su papel como cabecilla financiero del grupo criminal ‘El Mesa’. En su discurso, Vallejo habló de reconciliación, cuestionó el intento de asesinato contra el senador Miguel Uribe y defendió la mesa de diálogo en la cárcel de Itagüí como un mecanismo para evitar la repetición de la violencia. Sin embargo, sus palabras no borran su prontuario, ni resuelven el dilema ético que implica su presencia en un acto oficial junto a altos funcionarios del Estado.

Mientras Vallejo hablaba de “cambiar la cultura de la bala por la cultura de la palabra”, muchos se preguntaban si realmente hay una transformación de fondo, o si se trata de una estrategia política para dar legitimidad a estructuras aún activas en los territorios. De hecho, el propio vocero reconoció que estas organizaciones tienen una dimensión “social, económica, política y cultural” en la ciudad, lo que deja entrever su permanencia e influencia vigente en muchas comunas de Medellín.

El evento contó también con la presencia del ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, y varios ministros del gabinete, en medio de un fuerte despliegue de seguridad y personal del Inpec, lo que indica que el Gobierno sabía de antemano la participación de estos voceros. La apuesta por la paz urbana, al parecer, no solo implica diálogos desde las cárceles, sino su proyección pública.

Desde una perspectiva política, este tipo de actos ponen a prueba la coherencia del proyecto de “paz total” del presidente Petro. Aunque el diálogo con estructuras armadas puede ser necesario para frenar la violencia, la forma como se presenta públicamente puede enviar señales contradictorias: ¿se está promoviendo la reinserción o se está normalizando el liderazgo criminal?

En una ciudad golpeada durante décadas por el sicariato, el narcotráfico y las economías ilegales, muchos esperaban una estrategia más firme, con justicia restaurativa y compromisos visibles de reparación. Sin embargo, el mensaje transmitido en La Alpujarra parece estar más cerca del espectáculo político que de una política pública transparente y evaluable.

El Gobierno deberá responder no solo por los resultados de estas mesas de diálogo, sino también por el impacto político y social de exponerlas como ejemplo, sin que aún exista claridad sobre los compromisos exigidos ni los mecanismos de control ciudadano.