En el ajedrez político de la financiación electoral en Colombia, existe una regla de oro consagrada en la legislación: la cuenta única. Esta norma no es un mero capricho burocrático; constituye la única garantía real que tienen las autoridades y la ciudadanía para fiscalizar el origen y destino de cada peso que busca llevar a un candidato al poder. Sin embargo, las recientes revelaciones sobre los movimientos bancarios de Ricardo Roa —exgerente de la campaña de Gustavo Petro en 2022 y actual presidente bajo licencia de Ecopetrol— sugieren que durante esa contienda la regla no solo se flexibilizó, sino que se dio paso a un auténtico sistema financiero paralelo.

Una rigurosa investigación de la revista Cambio, sustentada en rastreos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), ha puesto al descubierto un desfase que estremece la ya golpeada credibilidad del proyecto político del Pacto Histórico. Durante el año electoral de 2022, las cuentas personales de Roa registraron movimientos por la astronómica cifra de $58.323 millones de pesos.

Al cruzar estos flujos con las declaraciones oficiales y los expedientes judiciales, la radiografía del limbo financiero queda en evidencia:

El corazón de la sospecha de este descuadre late en la Cooperativa Financiera Confiar de Medellín. Allí, apenas seis días después de que Petro inscribiera formalmente su precandidatura, se abrió la cuenta de ahorros terminada en 057 a nombre de Roa. Entre febrero y marzo de ese año, esa cuenta recibió $11.406 millones de pesos, fondos que se evaporaron mediante retiros antes de terminar el mes de abril. El informe de la UIAF ha sido tajante al señalar que no se logra identificar si dichos recursos correspondían a ingresos laborales, honorarios o servicios.

La defensa de Roa, liderada por el abogado Juan David León, ha intentado justificar estos montos argumentando que correspondían a dos créditos bancarios legítimos tramitados para la consulta interpartidista: uno de Confiar por $7.000 millones y otro del Banco GNB Sudameris por $3.983 millones. No obstante, la auditoría financiera contradice esta versión en puntos críticos. Por un lado, los créditos sumaban $10.983 millones, dejando un remanente de $422 millones sin sustento en la cuenta 057. Por el otro, el abogado insiste en la existencia de una cuenta diferente (terminada en 575), mientras que los registros de inteligencia financiera apuntan con precisión quirúrgica a la cuenta 057, activa desde enero de 2022. A esto se suman ingresos atípicos por $4.431 millones en marzo y flujos millonarios paralelos en bancos comerciales como Bancolombia ($3.397 millones) y Davivienda ($376 millones) que jamás pasaron por el radar de los reportes oficiales.

Más allá del intrincado cruce de dígitos y transacciones, el fondo del asunto es de una gravedad institucional incuestionable. La perfecta coincidencia de estos movimientos financieros con los hitos del calendario electoral —la inscripción de la candidatura, la primera vuelta en mayo (cuando Roa registró el mayor ingreso mensual de su historia financiera con $21.706 millones) y la segunda vuelta presidencial— dibuja el panorama de una «gerencia» que presuntamente fusionó el patrimonio personal con las arcas de la campaña, vulnerando de frente la prohibición legal de mezclar fondos electorales con instrumentos privados.

Hoy, Ricardo Roa se encuentra cercado por la justicia. La Fiscalía General de la Nación lo ha imputado formalmente por el delito de violación de topes o límites de gastos en campañas electorales, señalando un exceso verificado de $1.664 millones de pesos. Aunque el directivo se ha declarado inocente, este proceso corre en paralelo con los fallos adversos del CNE y otras investigaciones penales por presunto tráfico de influencias.

El país no puede conformarse con la narrativa del «error contable» o la «persecución política». Si el gerente de la campaña que prometió la renovación de las costumbres políticas manejó el dinero bajo una estructura de caja negra, el daño al corazón de la democracia colombiana ya está hecho. El caso de las cuentas ocultas de Ricardo Roa no es solo un asunto de saldos bancarios; es la prueba de fuego para determinar si las instituciones de control son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar qué tan cerca del poder se escondan los secretos.

• Nota de Redacción: Esta columna está basada en la investigación periodística publicada por la revista Cambio y los expedientes en curso de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE).