La violencia en Colombia sigue mutando y en los últimos años ha surgido un fenómeno que preocupa tanto a las autoridades como a la opinión pública: las asonadas contra militares y policías, acciones en las que comunidades —muchas veces constreñidas por grupos armados— retienen, agreden o impiden el despliegue de operaciones de seguridad.

El último y más grave episodio se registró este domingo 7 de septiembre de 2025, cuando 72 militares fueron secuestrados en El Tambo, Cauca, por cerca de 600 personas instrumentalizadas por la disidencia Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC), el grupo armado que controla el estratégico cañón del Micay, corredor del narcotráfico en el Pacífico.

El Ejército confirmó que ya fueron rescatados 27 uniformados, pero 45 siguen privados de la libertad, en un hecho que calificó como un “grave delito contra la Constitución y los derechos fundamentales”.

Una práctica que se repite

El secuestro en Cauca no es un hecho aislado. Apenas el mes pasado, 33 militares fueron retenidos en Guaviare en medio de una operación contra el mismo grupo armado. En junio, 57 soldados estuvieron bajo el poder de comunidades en El Plateado, también en el Cauca. Y en Jamundí, Valle del Cauca, se presentó otra asonada en la que fueron retenidos más de 100 uniformados.

El Ministerio de Defensa ha documentado que desde 2021 se han registrado más de 100 asonadas en distintas regiones, la mayoría en Cauca, lo que ha debilitado el control del Estado en territorios dominados por economías ilegales como la coca y la minería ilícita.

Una estrategia criminal

De acuerdo con analistas de seguridad, estas acciones hacen parte de una estrategia de las disidencias de las FARC, especialmente bajo el mando de alias Iván Mordisco, para impedir la acción de la Fuerza Pública y reforzar su control territorial mediante la presión directa sobre comunidades campesinas.

El Ejército insiste en que se trata de delitos graves como secuestro, concierto para delinquir, obstrucción a la función pública y violencia contra servidor público, y ya anunció denuncias formales ante la justicia.

¿Qué está en juego?

El fenómeno plantea un doble desafío:

• Militar, porque limita la capacidad de las tropas en zonas de alta conflictividad.

• Social, porque expone a las comunidades a un dilema entre obedecer a los grupos ilegales o enfrentarse a represalias.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha reiterado que es necesario avanzar en la sustitución de cultivos ilícitos de forma pacífica, pero pide a los pobladores “liberar a los soldados, porque también son hijos de Colombia”.

El caso de El Tambo confirma que las asonadas dejaron de ser hechos aislados para convertirse en una táctica recurrente de guerra irregular, que erosiona la autoridad estatal y pone en jaque la seguridad en regiones estratégicas para el narcotráfico.