Lo que debía ser un mecanismo para ordenar, corregir y garantizar transparencia en Nueva EPS, la mayor entidad de salud del país con más de 11 millones de afiliados, se ha convertido en un ejemplo de gestión deficiente y falta de control por parte del Gobierno Nacional.

El más reciente informe de la Contraloría revela cifras preocupantes: los anticipos pendientes por legalizar pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones en solo un año, y en lo corrido de 2025 ya se acumulan $6,6 billones adicionales, alcanzando $15,27 billones. Este manejo riesgoso no solo compromete la liquidez de la EPS, sino que pone en riesgo la vida y la atención de millones de pacientes, quienes enfrentan retrasos en medicamentos, procedimientos y servicios básicos.

La intervención, iniciada por decisiones políticas desde 2024 con la designación de Aldo Cadena y continuada con varios interventores, ha sido un desfile de improvisación y designaciones cuestionadas, que lejos de garantizar transparencia, han generado incertidumbre y falta de confianza en el sistema. La llegada de Gloria Libia Polanía en agosto de 2025, con denuncias sobre su idoneidad, evidencia la politización de la gestión y la ausencia de meritocracia en decisiones clave.

Mientras el Gobierno presume de haber asumido el control, los pacientes siguen pagando el precio. Cada anticipo sin legalizar, cada factura represada y cada trámite retrasado refleja una realidad: la intervención no ha solucionado los problemas, los ha agudizado, y la atención de millones de colombianos continúa siendo insuficiente y riesgosa.

En el ámbito financiero, la concentración accionaria del Estado se profundiza. Con un 43,3% de participación actual y la posible cesión de Colsubsidio, el Gobierno consolidaría mayoría absoluta (61,5%) en Nueva EPS, asumiendo riesgos financieros que podrían desencadenar una crisis aún mayor y convertir la EPS en un laboratorio político de la reforma del sistema de salud, en detrimento de los afiliados.

Conclusión: La intervención del Gobierno Nacional en Nueva EPS no ha logrado proteger ni garantizar los derechos de los pacientes. Al contrario, ha mostrado que la politización y la falta de gestión efectiva pueden agravar la crisis de un sistema que ya estaba al borde del colapso, dejando a millones de colombianos en riesgo y cuestionando la capacidad del Estado para administrar la salud pública con responsabilidad.