El presidente Gustavo Petro ha decidido convertir la salud de los colombianos en su campo de batalla político. No le tiembla la voz para advertir que las EPS “seguirán quebrándose” porque él “no las va a salvar”. Dicho de otro modo: si no le aprueban la reforma, que se hunda el sistema, aunque en ese naufragio se ahoguen millones de pacientes.

La narrativa es tan burda como peligrosa: hoy pagar las deudas está mal, pero si mañana le aprueban la reforma, mágicamente deja de estarlo. ¿Qué cambió? Nada, excepto que Petro podrá capturar legalmente lo que ya viene controlando a punta de intervenciones desastrosas.

La Contraloría lo dejó claro: la Nueva EPS, bajo gestión estatal, se convirtió en un barril sin fondo. Anticipos sin legalizar que superan los $15 billones, cuentas por pagar de $21,3 billones y un desequilibrio que explotó justamente durante la intervención. O sea, el “Sherlock Holmes” que hoy denuncia un supuesto cartel de corrupción fue el mismo que dejó crecer el hueco financiero con sus amigos administrando la EPS.

Mientras tanto, los hogares más pobres son los que pagan la factura. En 2024 desembolsaron casi el doble en salud que en 2023, comprando de su bolsillo medicamentos que las EPS intervenidas dejaron de entregar. La gente se muere esperando atención, pero Petro y su ministro Jaramillo siguen de gira, prometiendo plata en territorios como si esto fuera una feria electoral, mientras reparten cargos a la familia y amigos. Una famiempresa de la salud financiada con el dolor ciudadano.

No hay reforma que tape este desastre. La verdad es que el Gobierno no quiere salvar el sistema: quiere controlarlo. Y para lograrlo, no duda en dinamitar lo que queda en pie, sembrar miedo y presentarse luego como el único salvador posible.

Pero la salud no es un botín político, ni un trofeo de campaña. Es un derecho. Y mientras Petro juega a la revolución desde el micrófono, los colombianos siguen enterrando a familiares que pudieron salvarse.