La administración colombiana se prepara ante la inminente decisión de Estados Unidos sobre la certificación de la lucha contra las drogas, un proceso que podría derivar en una descertificación del país. La evaluación se basa en cinco criterios principales: reducción de la oferta de drogas, interdicción y control, extradiciones, cumplimiento de compromisos internacionales y voluntad política.

En los últimos años, los indicadores han mostrado resultados mixtos. Por un lado, la producción de cocaína ha alcanzado niveles históricos, mientras que las incautaciones de droga y destrucción de laboratorios han sido efectivas, aunque insuficientes frente al aumento de cultivos ilícitos. La política de sustitución de cultivos y erradicación voluntaria implementada por el gobierno ha sido calificada como un fracaso, incrementando los incentivos perversos para los cultivadores.

En cuanto a las extradiciones, aunque el país ha remitido a Estados Unidos a más de 150 personas durante los primeros meses de 2025, decisiones recientes de no extraditar a ciertos líderes vinculados a procesos de paz han sido vistas como un desafío simbólico al gobierno estadounidense.

La descertificación, que se espera sea anunciada próximamente, podría tener consecuencias económicas y políticas. Entre los impactos económicos se incluyen la posible caída en el turismo, la afectación de la cooperación en seguridad y la influencia en el acceso a créditos multilaterales. Sin embargo, expertos consideran que estos efectos serían limitados en comparación con el impacto político, ya que podría reforzar la narrativa del gobierno como víctima de presión externa y modificar su estrategia geoestratégica, acercándose a actores internacionales como Venezuela, China e Irán.

En términos de seguridad, se prevé que la presión para erradicar cultivos ilícitos genere desafíos adicionales, incluyendo mayores riesgos para soldados y fuerzas de seguridad en zonas afectadas por el narcotráfico. Para enfrentar este reto, se están evaluando nuevas tecnologías de fumigación, como el uso de drones y fungicidas alternativos, que minimicen el riesgo para la población y los efectivos en el terreno.

Analistas coinciden en que, más allá de los posibles castigos económicos, la verdadera discusión se centra en la eficacia de la política antidrogas y la independencia de la política interna frente a la influencia externa, un tema que sigue siendo objeto de debate en Colombia.