El ascenso de Juliana Guerrero en la administración del presidente Gustavo Petro ha generado polémica y cuestionamientos sobre la transparencia y el cumplimiento de requisitos formales para ejercer cargos públicos. Guerrero, presentada por el mandatario como “joven y rebelde”, ha ocupado funciones clave: jefe de gabinete presidencial, asesora del Ministerio del Interior y futura viceministra de Juventudes.

El hecho más controvertido es que, según la Fundación Universitaria San José, Guerrero habría obtenido su título de contadora pública sin haber presentado la prueba Saber Pro, requisito indispensable para cualquier titulación profesional en Colombia. Esta irregularidad plantea dudas sobre los criterios que rigen la entrada de jóvenes al servicio público y si se privilegia el mérito o la cercanía política.

El contexto refuerza estas sospechas: la U. San José, vinculada a la entrega de títulos irregulares, pasó de tener $4.000 millones en contratos con el Estado entre 2018 y 2021 a $52.700 millones desde 2022, un incremento del 1.317%. Mientras tanto, Guerrero y su círculo cercano —incluida su hermana Verónica y el exdecano René Hernández, condenado en 2006 por falsedad en documento público— han consolidado influencia en distintos ministerios.

El ascenso de Guerrero no se limita a cargos públicos: su participación en campañas políticas locales, su llegada a Bogotá tras supuestos atentados en Valledupar y la coordinación de movimientos juveniles han sido acompañados de contrataciones y nombramientos estratégicos de allegados, generando una percepción de clientelismo y concentración de poder.

Pese a estas irregularidades, el presidente Petro ha respaldado su nombramiento, mientras la joven se prepara para asumir el viceministerio de Juventudes, lo que refuerza la preocupación sobre un patrón en el gobierno donde las conexiones políticas pesan más que la experiencia y los méritos académicos.

Este caso expone la tensión entre la inclusión de jóvenes en la política y la necesidad de garantizar transparencia, igualdad de oportunidades y respeto por las normas, especialmente en un país donde la confianza en las instituciones públicas está en juego.