A un año de que termine el gobierno de Gustavo Petro, la sombra de la financiación de su campaña presidencial vuelve a escena. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reveló una serie de irregularidades que comprometen directamente a dos de sus más cercanos colaboradores: Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, y Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol.

Según la investigación, ambos habrían participado en una maraña contable diseñada para maquillar gastos aéreos de la campaña presidencial y evitar que se superaran los topes establecidos por la ley. La jugada consistió en registrar como gastos de la campaña al Senado vuelos que, en realidad, fueron utilizados casi exclusivamente por Petro, su familia y su círculo más cercano.

Los vuelos bajo sospecha

En febrero de 2022, las campañas del Pacto Histórico contrataron a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) para transporte aéreo. Aunque en los documentos los vuelos aparecen distribuidos entre las dos campañas —Senado y Presidencia—, las bitácoras, chats y testimonios muestran otra cosa: todos los trayectos fueron solicitados para Petro y su equipo, con pasajeros recurrentes como Laura Sarabia, Armando Benedetti y hasta un polémico “hacker” español.

El truco contable fue tan evidente que, de 27 vuelos registrados, solo tres quedaron a nombre de la campaña presidencial; los demás, mágicamente, se cargaron a la campaña legislativa.

Facturas alteradas y tope violado

Las facturas iniciales emitidas a nombre de Roa fueron anuladas y reemplazadas por otras que redistribuyeron los costos entre las dos campañas. De esa forma, los 1.215 millones de pesos en vuelos de Petro terminaron diluidos entre 20 candidatos al Senado, quienes reportaron falsamente esos gastos como “tiquetes aéreos”.

Ese artificio contable permitió que la campaña presidencial evitara mostrar un exceso en los topes de gastos. Pero al “desmaquillar” las cifras, la Corte concluyó que Petro habría sobrepasado el límite permitido en al menos 1.215 millones de pesos.

Llamado de atención y compulsa de copias

Aunque la Corte archivó la investigación contra los senadores electos en 2022 por falta de dolo comprobado, sí les reprochó una “profunda negligencia” por firmar informes sin verificar la información. El alto tribunal fue más severo con Jaramillo y Roa, contra quienes compulsará copias a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral para determinar responsabilidades penales y administrativas.

Lo que viene

El caso abre dos frentes:

• Fiscalía: deberá investigar si hubo fraude procesal, falsedad documental y desfalco al Estado.

• CNE: tendrá que revisar la reposición de gastos recibida por la coalición, que ascendería a más de 14.000 millones de pesos.

La Corte dejó claro que la operación fue demasiado sofisticada para atribuirla a simples descuidos o errores administrativos. El balón, ahora, está en manos de las autoridades competentes.