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El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, denunció en redes sociales que fue silenciado y censurado durante un consejo de seguridad realizado el pasado sábado 27 de septiembre en Palmira, Valle del Cauca. Sin embargo, versiones recogidas por Infobae Colombia y declaraciones del propio Gobierno departamental contradicen la narrativa del congresista y apuntan a un uso político del episodio.
Una reunión convocada por el Ministerio de Defensa
El encuentro, llevado a cabo en el Batallón Agustín Codazzi, no fue convocado por López —como lo intentó presentar en su discurso—, sino por el Ministerio de Defensa, tras el asesinato del secretario de Gobierno de Pradera. Allí asistieron la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; varios alcaldes; la cúpula militar, y López como invitado.
Según explicó un testigo presencial, estos espacios se desarrollan bajo protocolos estrictos de confidencialidad, dado que se comparten mapas de criminalidad, posiciones de tropas y estrategias operacionales. “Él no convocó ningún consejo de seguridad, no tiene esa potestad. Eso lo hacen las autoridades de la rama ejecutiva”, recalcó.
Grabaciones prohibidas y tensiones políticas
El incidente se habría originado por la insistencia del equipo de comunicaciones de López en seguir grabando, pese a las advertencias reiteradas de los organizadores. “En tres ocasiones se les pidió que retiraran el micrófono de solapa y dejaran de grabar. Solo después de la tercera petición accedieron”, relató la fuente.
De acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1621 de 2013, la divulgación de información reservada en estos escenarios puede constituir un delito.
La situación se tensó aún más cuando López interrumpió al alcalde de Pradera y criticó la gestión de la gobernadora Dilian Toro, a lo que la mandataria le respondió recordándole que la seguridad personal corresponde a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y no a la Gobernación.
Uno de los generales presentes golpeó la mesa y pidió respeto al congresista, subrayando que allí se discutían “vidas humanas, no espectáculos”. Poco después, un funcionario pidió silencio general, sin dirigirse a López directamente.
El reclamo de censura y la respuesta del Valle
A pesar de lo ocurrido, López denunció públicamente haber sido callado y censurado, señalando incluso que su equipo fue hostigado y despojado de material audiovisual. No obstante, la versión del testigo contradice esa afirmación: “Nadie le apagó el micrófono ni lo mandó a callar. El ministro de Defensa nunca intervino en ese sentido”.
El secretario de Seguridad del Valle también aclaró la posición oficial:
El consejo fue convocado y liderado por el Ministerio de Defensa.
Grabar sin autorización vulnera protocolos y pone en riesgo operaciones.
Usar estos espacios con fines políticos “es una afrenta a la institucionalidad y un irrespeto hacia soldados y policías que arriesgan su vida”.
Oportunismo político en medio de la crisis
Con este episodio, Julián López vuelve a quedar en el centro de la polémica. Mientras las autoridades buscaban coordinar acciones frente al asesinato de un funcionario local, el presidente de la Cámara aprovechó el escenario para figurar. Su comportamiento ha sido calificado por algunos sectores como oportunista y desleal, alimentando una fama que lo persigue en su carrera política.





