La escena política colombiana vuelve a sacudirse. Esta vez, el protagonista es Miguel Ángel del Río, abogado de alto perfil y figura cercana al petrismo, ahora en el centro de una denuncia que mezcla presuntos montajes contra Álvaro Uribe, maniobras internas, influencias en entidades del Estado y una compleja trama personal.

La denuncia, presentada por su expareja Ximena Bustamante el 14 de noviembre de 2025 ante la Fiscalía, abre interrogantes sobre el alcance del poder de Del Río y sobre el uso de sus relaciones personales y políticas para avanzar intereses particulares.

El presunto montaje que salpica el caso Uribe

Según el relato de Bustamante, el 21 de mayo de 2025 habría iniciado un supuesto montaje cuyo propósito era crear un escándalo que afectara al expresidente Álvaro Uribe y reforzara la narrativa litigiosa de Del Río en este proceso.
La reunión clave ocurrió en la oficina de la firma Miguel Ángel del Río Abogados, donde el llamado “narcochofer”, Manuel Castañeda, expuso una historia que —según ella— parecía minuciosamente preparada.

Bustamante afirma que detectó irregularidades desde el inicio: la elección del lugar, la presencia de cámaras, y el hecho de que, pese a estar distanciada profesionalmente del abogado, Del Río insistiera en que ella asistiera al encuentro.

En su versión, ella descubrió que la operación buscaba dos objetivos simultáneos: golpear a Uribe y neutralizarla a ella en medio de un conflicto personal y laboral con Del Río.
“Querían ponerme una trampa para sacarme del camino”, dijo a SEMANA.

Los nombres que aparecen: Idárraga, Cepeda, Rodríguez y un posible interés presidencial

El relato de Castañeda —según Bustamante— involucró a varias figuras cercanas al Gobierno Petro:

• Andrés Idárraga, secretario de Transparencia,

• Iván Cepeda, senador y figura clave en el caso Uribe,

• Augusto Rodríguez, director de la UNP,

• Y, en forma indirecta, al presidente Gustavo Petro.

Castañeda habría afirmado que Rodríguez le dijo que el caso “le interesaba” al presidente y que podía escalarse hasta él.

Nada está probado aún, pero la gravedad de los señalamientos exige una investigación exhaustiva.

El giro del caso: acusaciones, contraacusaciones y un presunto plan para incriminar a la denunciante

Tras la reunión, Castañeda comenzó a contactar insistentemente a Bustamante para “hablar de Del Río”.
Pero cuando ella intentó corroborar la información, el narcochofer no asistió a un segundo encuentro y poco después apareció en medios acusándola de participar en el complot.

Para Bustamante, esto confirmó que la operación también buscaba incriminarla a ella.
Además, aseguró que Del Río seguía manejando la estructura comercial de la firma, pese a haber renunciado formalmente, y que pagos de honorarios nunca ingresaron al negocio.

Las contradicciones de Del Río en su esquema de seguridad

La denuncia también toca la UNP.
Bustamante afirma haber sido víctima de intimidaciones, amenazas e incluso agresiones por parte de Del Río y su entorno, lo que la llevó a pedir medidas de protección.

Al mismo tiempo, señala contradicciones en las versiones del abogado sobre su esquema de seguridad:

• En 2024, Del Río aseguró públicamente que salió del país por amenazas del Clan del Golfo y que su esposa vivía en el exterior por razones de seguridad.

• Pero luego, en la Comisaría de Familia, habría dicho que su relación con Bustamante terminó en 2022, contradiciendo la cronología presentada en denuncias posteriores.

Estas inconsistencias refuerzan la necesidad de una verificación rigurosa de los hechos.

¿Red de favores en la SAE y manipulación institucional?

La denuncia insinúa que Del Río habría mantenido influencias en la SAE y usado su cercanía con altos funcionarios para obtener ventajas o protección judicial.
Bustamante asegura que el abogado le dijo que su amistad con la fiscal general Luz Adriana Camargo le garantizaría “impunidad” en cualquier proceso.

Son afirmaciones que deben ser probadas, pero que, por el perfil público de Del Río y su rol en procesos de alto impacto, merecen especial escrutinio.

Un caso que trasciende lo personal

Este escándalo no es solo una ruptura sentimental convertida en denuncia.
Es un asunto que toca:

• la credibilidad de procesos judiciales sensibles,

• la independencia de instituciones del Estado,

• el manejo de información reservada,

• y la ética de una figura que ha ocupado un rol central en la oposición jurídica al uribismo.

Mientras Del Río guarda silencio público, el país observa.
La Fiscalía tiene ahora en sus manos un caso que no solo involucra presuntos delitos, sino que atraviesa la política, la justicia, la seguridad estatal y el discurso público.

Sea cual sea el resultado, este episodio ya golpeó la imagen del abogado y abrió un debate incómodo:
¿Hasta dónde puede llegar el activismo jurídico cuando se confunde con poder político y relaciones personales?