La crisis de seguridad que atraviesa Colombia tiene hoy un rostro claro en las regiones. De las 32 gobernaciones del país, solo siete están lideradas por mujeres y, entre ellas, tres mandatarias han tenido que asumir el recrudecimiento de la violencia en sus territorios: Nubia Carolina Córdoba en Chocó, Rafaela Cortés en Meta y Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca.

Las tres gobernadoras enfrentan el avance de grupos armados ilegales, el crecimiento de economías ilícitas y una escalada de delitos como el secuestro y la extorsión, en un contexto marcado por limitaciones presupuestales y tensiones con el Gobierno Nacional, al que reclaman mayor presencia y apoyo efectivo.

Violencia en aumento y presión sobre las regiones

De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, los secuestros aumentaron un 118 % al corte de octubre, mientras que la extorsión, en ascenso desde 2020, superó los 10.000 casos en el último año, convirtiéndose en una de las principales fuentes de financiamiento de estructuras criminales. A esto se suman ataques armados contra la población civil y acciones directas contra la Fuerza Pública, especialmente en zonas rurales.

Las gobernadoras coinciden en que la confrontación por el control de economías ilegales y la retaliación contra la institucionalidad han dejado a comunidades enteras atrapadas entre el fuego cruzado.

Chocó: paros armados, minería ilegal y control de los ríos

En el Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba enfrenta uno de los escenarios más complejos del país. La disputa entre el Clan del Golfo y el ELN por las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y el control de los ríos —principales vías del departamento— ha derivado en al menos nueve paros armados en los últimos 18 meses.

A esta situación se suman las emergencias provocadas por la temporada invernal, un fenómeno que la mandataria ha definido como “emergencias traslapadas”. Córdoba ha insistido en la necesidad de inversiones estructurales, especialmente en desminado humanitario y tecnología, ante la presencia de artefactos explosivos en zonas cercanas a viviendas, escuelas y áreas de cultivo.

Aunque el departamento ejecutó más del 98 % de los recursos del Sistema General de Regalías, la gobernadora advierte que el presupuesto sigue siendo insuficiente para atender la magnitud de la crisis.

Valle del Cauca: disidencias, drones y tensiones políticas

En el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro ha tenido que enfrentar el accionar de la estructura disidente Jaime Martínez, señalada por las autoridades como responsable del ataque terrorista contra la Escuela Militar de Aviación en Cali, ocurrido en agosto.

Municipios como Jamundí han sido especialmente golpeados por ataques con drones cargados de explosivos, un fenómeno que ha obligado a la administración departamental a invertir recursos propios en logística, transporte, tecnología e incluso en la adquisición de inhibidores antidrones.

Toro ha sido enfática en señalar la falta de articulación con el Gobierno Nacional, más allá del Ministerio de Defensa. Según ha expresado, el departamento ha tenido que asumir gran parte de la carga financiera mediante la tasa de seguridad, una medida que ha sido defendida por la administración, pero que también ha generado críticas políticas, incluso desde sectores cercanos al Gobierno.

Meta: territorio extenso, disidencias y narcocultivos

El Meta, cuarto departamento más grande del país, enfrenta desafíos asociados a su extensión territorial y a su condición de corredor estratégico para las disidencias de las Farc. Aunque la gobernadora Rafaela Cortés destaca avances en el sur del departamento gracias a la presencia del Ejército, reconoce que municipios como Granada y zonas rurales de La Macarena siguen afectados por la extorsión, las asonadas y el control armado.

Cortés ha planteado la posibilidad de implementar una tasa de seguridad similar a la del Valle del Cauca, como alternativa para fortalecer las capacidades tecnológicas de la Fuerza Pública. Sin embargo, su administración también ha estado marcada por tensiones políticas con el Centro Democrático, partido con el que mantiene una relación distante desde su elección.

Reclamos al Gobierno Nacional

Las tres gobernadoras han sido críticas de la gestión del presidente Gustavo Petro en materia de seguridad, señalando una falta de articulación real con las regiones. Aunque el mandatario ha visitado Cali, Quibdó y Villavicencio, las mandatarias coinciden en que estas visitas no se han traducido en soluciones estructurales ni en una reducción sostenida de la violencia.

Este reclamo no es exclusivo de estos departamentos. Gobernadores como Adriana Magali Matiz, en Tolima, y Andrés Julián Rendón, en Antioquia, también han expresado preocupaciones similares frente a la estrategia de seguridad del Gobierno Nacional.

Un reto clave para el cierre de los mandatos

Con los mandatos regionales entrando en su recta final hacia 2027, la seguridad se perfila como uno de los principales desafíos para las administraciones locales. Las gobernadoras de Chocó, Meta y Valle del Cauca insisten en que sin mayor inversión, inteligencia, tecnología y coordinación con el Gobierno central, la crisis de seguridad seguirá profundizándose.

Mientras tanto, en amplias zonas del país, las comunidades continúan enfrentando el impacto directo de la violencia, a la espera de respuestas que vayan más allá del discurso y se traduzcan en control territorial efectivo y protección real para la población civil.